Un amparo “contra actos y sobre todo contra las omisiones de las autoridades que no están cumpliendo con su obligación formal de velar por la defensa de los derechos” de los ciudadano, presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ante los tribunales. Esta acción fue ejercida ante los bloqueos a las vías de comunicación y el puerto que han realizado los educadores en más de 80 días de protestas, y que impiden la actividad económica del país.

Es así como la demanda incluye al Presidente de México, Enrique Peña Nieto; a los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, al Procurador General, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero; a los secretarios federales de los estados de mayor conflicto y a los Congresos, entre otras autoridades.

“El secuestro de la actividad económica en esas entidades es inadmisible en un régimen que debe ponderar y defender el Estado de Derecho, y con ello el Estado Mexicano está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución”, expresó el empresariado a través de un comunicado. Según los cálculos de analistas, publicados por medios de comunicación de ese país, las pérdidas podrían estar por el orden de los 4.200 millones de pesos; aunque Coparmex no precisó el monto advierte que “diversos sectores industriales han sufrido afectaciones incuantificables”, y que se vería reflejado en una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo semestre de este año.

Así los empresarios hicieron un llamado al diálogo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte) y a las autoridades mexicanas para llegar a acuerdos y se respeten los derechos de los ciudadanos.

"La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica.
Que las negociaciones entre el Gobierno Federal y la CNTE vayan más allá de decisiones unilaterales y violatorias de la Ley como el pago de salarios a comisionados que no trabajan, o la reinstalación de profesores que no cumplen con las evaluaciones contempladas en la Reforma Educativa.
El respeto a la Ley no debe suscribirse a acuerdos de pesos y centavos", agregó el comunicado.

Actualidad Laboral / ASS