Limpian los edificios del gobierno federal en Washington y cuidan de los ancianos en Boston. Están ayudando a reconstruir zonas destruidas por el huracán Harvey en Houston. Están en el nuevo estadio de los Halcones de Atlanta; ofrecen servicios de plomería en las nuevas oficinas centrales de la agencia hipotecaria Fannie Mae; asan los cortes en Porter Luger Steak House –uno de los mejores para comer carne en Nueva York–, y son parte de la experiencia de ir a Disney World: si todos estos lugares tienen algo en común es que han dependido de ellos como empleados.

Son los inmigrantes de Haití y parte de Centroamérica que han basado su vida en un permiso que recibieron hace años del gobierno estadounidense para poder residir y trabajar en ese país. Cientos de miles ahora están en riesgo de perder ese estatus en el gobierno de Donald Trump, que este lunes anunció el fin del programa para 200.000 migrantes salvadoreños que deberán dejar el país para septiembre de 2019 o enfrentarse a la deportación.

Incluso si se quedan ahí de manera ilegal, ellos –al igual que los jóvenes migrantes conocidos como dreamers cuyo estatus también expirará este invierno– ya no contarán con los permisos de trabajo. Eso tiene el efecto potencial de retirar de golpe a más de un millón de personas del padrón laboral estadounidense. Y las empresas de EE. UU. que emplean a estas personas se verán forzadas en un plazo de pocos meses a buscar sustitutos, si es que pueden hacerlo.

“Si te deshaces del 26 por ciento de mis empleados supongo que tendré que clausurar otros contratos”, dijo Victor Moran, de 52 años y director ejecutivo de Total Quality, una empresa que provee servicios de intendencia en la zona de Washington. “A menos que esté dispuesto a quebrantar la ley”, añadió, aunque recalcó que no tenía planeado hacerlo. Su empresa da trabajo a 228 personas con Estatus de Protección Temporal, o TPS (por su sigla en inglés); prácticamente todos son salvadoreños.

Aquellos con TPS —concentrados sobre todo en California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland— trabajan sobre todo en construcción, restaurantes y tiendas de autoservicio, así como de jardineros, paisajistas y cuidadores, según datos disponibles sobre los beneficiarios de El Salvador, Honduras y Haití recopilados por el Center for Migration Studies, organización sin fines de lucro que se ha pronunciado a favor de mantener el programa.

Más de 45.000 haitianos deberán dejar Estados Unidos para julio de 2019; unos 57.000 hondureños esperan –aunque los pronósticos no los favorecen– obtener una extensión a su permiso cuando sea tiempo de que el gobierno de Trump revise la renovación.

Otro reporte, del Immigrant Legal Resource Center, prevé que quitarle la protección a los salvadoreños, hondureños y haitianos reduciría las contribuciones hacendarias a los programas de seguridad social y Medicare (cuidado médico para personas de escasos recursos) en unos 6.900 millones de dólares a lo largo de la siguiente década y que recortaría en hasta 45.200 millones de dólares el producto interno bruto estadounidense.

Funcionarios de varios presidentes han renovado las protecciones año con año y han permitido que esas cientos de miles de personas sigan arraigándose en Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump afirma que los permiso de TPS originalmente fueron emitidos a causa de guerras o desastres como terremotos en los países de origen de los beneficiarios y que debían durar únicamente hasta que las condiciones respectivas mejoraran.

El gobierno y sus simpatizantes también reconocen que hay un argumento económico para tener mayores controles sobre la inmigración: afirman que esos trabajos podrían ser hechos por estadounidenses.

“El TPS no existe para la conveniencia de industrias que dependen de mano de obra extranjera y de bajo costo”, dijo Ira Mehlman, portavoz de la Federation for American Immigration Reform (FAIR).

Las empresas, dijo, crean “profecías autocumplidas” al ofrecer sueldos bajos y condiciones muy difíciles de trabajo. “Cuando los estadounidenses rechazan esos sueldos y condiciones laborales que ofrecen entonces arguyen que los estadounidenses no están dispuestos a hacer esos trabajos”.

Los líderes empresariales a menudo insisten en que no pueden encontrar empleados, punto, más allá de si son o no estadounidenses. Las empresas de construcción ya enfrentan una escasez de trabajadores y ahora tendrían que remplazarlos con lo que dijeron es una oferta minúscula o terminar por no aceptar involucrarse en proyectos.

“No hay estadounidenses allá afuera que vayan a tomar estos empleos”, dijo Mark Drury, vicepresidente de Shapiro & Duncan, una empresa de plomería y calefacción en Washington. La compañía y sus competidores han terminado por robarse entre sí a los ingenieros, plomeros, gerentes de trabajos y soldadores.

De acuerdo con Stan Marek, dueño de una constructora en Houston, las decisiones de poner fin a los programas de TPS para estos migrantes se dan en el peor momento posible. Houston necesita reconstruir después del huracán Harvey y, dijo Marek, con esto habrá todavía menos personas para trabajar en ese proceso para escuelas, hoteles, hospitales y edificios gubernamentales.

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