El año pasado las regulaciones de empleo se redujeron a la mitad y los procesos cerrados en enero continuaron en descenso. Pero sindicatos y abogados laboralistas perciben que esa realidad ya está cambiando. La incertidumbre política propicia que las empresas anticipen expedientes de regulación de empleo (ERE) y otros ajustes, ante la posibilidad de que un nuevo Gobierno cambie la ley laboral. Se suma a la incipiente parálisis de inversiones y la deslocalización industrial.

“A la hora de disponer los expedientes de regulación de empleo, las organizaciones empresariales ponen en la balanza de su decisión el momento político que atraviesa España y la posibilidad de que la legislación cambie con un nuevo Gobierno”, sostiene David Díaz, responsable del área laboral de Baker & McKenzie. El abogado opina que esta es una de las razones que contribuye a que el número de despidos se esté acelerando en el primer trimestre del año, un periodo que, por otra parte, es el que suelen elegir las empresas para decisiones estratégicas.

Se junta todo. Eso cree Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados. Su despacho aprecia un claro incremento de despidos colectivos en la primera parte de 2016. De hecho, actualmente tiene en tramitación media docena de ERE que incluyen a cerca de 4.000 trabajadores, lejos de los máximos alcanzados en 2012, pero sí un cambio de tendencia.

“Hay empresas que no habían hecho el ajuste durante la crisis y lo hacen ahora. Otras que, pese a implementar despidos, no han sido suficientes. Y algunas en las que la posibilidad de cambio político sí puede jugar un papel”, aprecia Godino, quien, no obstante, considera que “las compañías ven que las perspectivas de recuperación de la economía son menos espectaculares de lo esperado y que la parálisis política ha frenado las inversiones. Las empresas tienen miedo en este contexto de incertidumbre”.

En enero la cifra de afectados por despidos colectivos caía al mínimo histórico para ese mes, con 1.769 personas. Pero dos meses más tarde solo sumando tres de los ERE anunciados se roza esa cifra. En febrero Orange presentó un expediente para 550 de sus empleados. El de Sacyr afecta a entre 350 y 420 trabajadores. Y a primeros de marzo FCC planteó la baja de 750.

Lo que se fragua en el sector industrial es más preocupante. “Están repuntando los ERE por la estrategia de deslocalización que siguen muchas empresas, por la reducción de costes y porque quieren aprovechar el favorable marco laboral antes de que pueda ser alterado”, indica Toni Ferrer, representante de UGT. Ferrer pone sobre la mesa los casos de Altadis, Delphi, Bacardí o Río Narcea, que piensan cerrar instalaciones de Logroño (471 empleados); Sant Cugat del Vallés (540); Mollet del Vallés (80); y la Mina Aguablanca de Monesterio, en Badajoz, (170).

Y no son los únicos. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de UGT, Ramón Ruiz, suma los desmantelamientos de la mina de Encasur en Puertollano (Ciudad Real) o de la planta de ciclo combinado de Elcogas en esa localidad, con 80 empleos cada una; el cierre de Lauki en Valladolid, con 85 trabajadores, o de Bimbo, en Palma de Mallorca, con 36. “Tenemos un problema muy grave con la minería por el incumplimiento del Plan del Carbón; el Gobierno no acaba de tomar decisiones de política energética”, denuncia Ruiz.

Manuel García Salgado, responsable de Política Sectorial y Empleo de la Federación del Metal de UGT, cree que el repunte de los despidos colectivos tiene más que ver con la deslocalización que con el impasse político, “que sí repercute en la ralentización de las inversiones, pero esa parálisis no se ha trasladado al empleo aún”. Y suma a los casos anteriores los cierres de la acería de ArcelorMittal en Zumárraga (Guipúzcoa), con 325 empleados, o el desvío de la producción hacia Portugal de los grupos de componentes de automoción Antolín o Faurecia de Vigo, entre otros.

El secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, José María Martínez, considera que “el movimiento general de repunte de los despidos colectivos unido al ciclo político se está dejando notar sobre todo en la mediana y pequeña empresa”. Y David Díaz alerta del goteo de despidos individuales que está teniendo lugar, “un desagüe por el que se va mucho empleo”.

Las grandes empresas optan por bajas incentivadas

“Como consecuencia del enorme daño que ha provocado el ERE de Coca-Cola en su imagen, algunas de las grandes empresas españolas están optando por plantear grandes ajustes mediante procesos de bajas voluntarias. Es la respuesta de Telefónica o El Corte Inglés”, sostiene Martín Godino, de Sagardoy Abogados, que alerta de que “vendrán más empresas”. A finales de enero la operadora presidida por César Alierta provisionó 2.900 millones de euros para un plan de bajas incentivadas para hasta 7.000 trabajadores de más de 53 años. Y un mes después El Corte Inglés anunciaba un plan similar para 1.400 empleados mayores de 58 años.

“Las bajas voluntarias generan menos conflictos e impactan menos en la reputación. Las grandes corporaciones se sienten en el ojo del huracán y no son libres de hacer lo que quisieran”, apoya David Díaz, de Baker & McKenzie.

Actualidad Laboral / Con información de El País

Imagen El País