Un enconado debate sobre la situación legal de la prostitución se ha vuelto a encender en España después que el gobierno de centroziquierda descubrió que sin saberlo había aprobado el primer sindicato del país de trabajadores del sexo.
Los defensores de los derechos de la mujer y los gobernantes debaten desde hace tiempo si la legalización de la prostitución, que no es legal pero sí tolerada, sacará de entre las sombras a un negocio rentable que suele prosperar a costa del abuso de las mujeres.
En España no hay sanción para los que ofrecen servicios sexuales pagos mientras no lo hagan en espacios públicos. En cambio, las leyes se enfocan en combatir el tráfico humano.
Pero al saberse esta semana que la organización de trabajadores del sexo OTRAS había recibido la autorización oficial para constituirse en sindicato, muchos vieron en ello un cambio en las posiciones del Partido Socialista gobernante y un intento de dar a la prostitución un estado legal.
La verdad fue, como dijo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que “me han colado un gol por la escuadra”, al expresar su estupor cuando descubrió la medida aprobada por su ministerio.
Valerio dijo que el trámite burocrático se había realizado de manera técnicamente correcta, pero aseguró que “este Gobierno no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y vulnera derechos fundamentales de las mujeres y hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos”.
El presidente Pedro Sánchez, cuya designación de un consejo de ministros integrado mayoritariamente por mujeres tuvo repercusión mundial, tuiteó el jueves por la noche que su gobierno “no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”.
“Este es un gobierno feminista, partidario de la abolición de la prostitución”, añadió.
La anulación del registro obligará al gobierno a iniciar una demanda porque la autorización fue publicada el 4 de agosto en la gaceta oficial.
Concha Borrell, secretaria general de OTRAS -cuyos miembros son sexoservidores tanto mujeres como hombres- sostuvo que “es posible que algunas personas con una posición acomodada en el gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco, heterosexual y burgués, que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia”.
El partido antisistema Podemos exhortó aprovechar la situación para abrir un debate sobre la prostitución y los derechos legales de las sexoservidoras, mientras que los grupos feministas están divididos.
La destacada activista Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, dijo a la agencia privada Europa Press que “la prostitución no es un trabajo, es un sometimiento de las mujeres, una esclavitud de las mujeres, y una marcada situación de desigualdad entre hombres y mujeres.”
Actualidad laboral / Con información de AP
