El Consejo de Ministros español ha aprobado este viernes el plan de 11.000 millones de ayudas a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones de la pandemia, que destinará finalmente 7.000 millones a ayudas directas y 4.000 a reestructuración de deuda tras superar los desencuentros que provocó el modo de reparto en el Ejecutivo.
Las ayudas directas serán de hasta 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y oscilarán entre los 4.000 y 200.000 euros para el resto. Para recibirlas, estas empresas tienen que haber perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020. Los fondos se tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas. El Gobierno ha adelantado que con este decreto el total previsto de ayudas para 2021 supera ya el 2% del PIB.
Si en la propuesta inicial la vicepresidenta económica Nadia Calviño destinaba 2.000 millones a ayudas directas, sus socios de Unidas Podemos se desmarcaban reclamando hasta 8.000 millones. Esto provocó que el plan no se pudiera aprobar en el Consejo de Ministros ordinario del martes. Durante la semana trascendió que Calviño aceptaba subir esta partida hasta los 5.000 millones, pero finalmente han sido 7.000.
La propia Calviño ha confirmado este viernes tras el Consejo extraordinario que el plan tiene tres pilares: 7.000 millones para ayudas directas, 3.000 millones para el fondo de reestructuración de deudas financieras y otros 1.000 para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas.
Respecto a las ayudas directas, Calviño ha aclarado que "el nuevo fondo tiene dos líneas: una de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas y otro de 2.000 millones para Canarias y Baleares". La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha explicado que las ayudas están destinadas a 100 subsectores dentro de los negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.
El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros. En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20% en el caso del resto de empresas.
Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera. La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el React-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. Unidas Podemos reclamaba que las ayudas se entregaran directamente desde el Gobierno sin pasar por las comunidades. Finalmente se ha optado por un modelo mixto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.
Actualidad Laboral / Con información de El Economista
