La Comisión Europea ha alertado acerca de los graves riesgos para el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas que podrían tener las contrarreformas que prepara el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Podemos en materia laboral y de pensiones. Bruselas expresa además sus dudas sobre cómo se financiará el fuerte aumento del gasto público previsto en el programa gubernamental.
El Ejecutivo comunitario censura también la nueva subida del salario mínimo recién aprobada por el Gobierno por haberse realizado sin evaluar antes las consecuencias sobre el empleo del fuerte incremento del 22,3% de 2019.
El principal de estos riesgos, prosigue el informe, es la contrarreforma de las pensiones que quiere llevar a cabo Sánchez. Una contrarreforma que según Bruselas beneficia a las personas mayores que ya tienen un nivel adecuado de ingresos en detrimento de las generaciones más jóvenes, que son las que sufren la precariedad, el paro y el riesgo de pobreza.
Estos avisos están contenidos en la completa radiografía de 116 páginas que ha elaborado la Comisión sobre el estado de salud de la economía española y los potenciales desequilibrios que amenazan la recuperación, en particular la elevada tasa de paro y el alto nivel de deuda pública.
Bruselas avisa que "el déficit público en España se mantiene en un nivel obstinadamente alto, ya que el nivel de impuestos es bajo en relación al gasto". El resultado es que "los riesgos para la sostenibilidad fiscal global son significativos a medio y largo plazo".
"En particular, los planes del Gobierno de volver a vincular de forma permanente las pensiones al índice de precios al consumo y de disociar el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida (...) aumentan el gasto en pensiones de forma significativa y empeoran la equidad intergeneracional", denuncia la Comisión.
"Esto ocurre en un contexto en el que la adecuación futura de las pensiones se situará de media por encima de la de la UE y en el que la pobreza afecta sobre todo a los grupos de edad más jóvenes, incluyendo a los niños", sostiene el Ejecutivo comunitario. Si el Gobierno de Sánchez insiste en continuar por esta vía, deberá al menos aprobar "medidas compensatorias adecuadas" para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, reclama la Comisión.
Según sus cálculos, volver a ligar las pensiones al IPC supondrá un aumento del gasto en pensiones de alrededor del 4% del PIB de aquí a 2050. La supresión del factor de sostenibilidad que ajusta las prestaciones según la evolución de la esperanza de vida añadiría un incremento adicional equivalente al menos al 0,7% del PIB.
En cuanto al mercado de trabajo, la Comisión destaca que la reforma laboral de Rajoy de 2012 "ha sustentado la fuerte creación de empleo durante la recuperación" y expresa muchas dudas sobre los cambios que prevén el PSOE y Podemos, como el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa.
"Es importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una evaluación cuidadosa de su posible impacto y que se preserven los logros de pasadas reformas", pide el informe.
En cuanto al salario mínimo, la Comisión critica que "volverá a aumentar en 2020, aunque el impacto sobre el empleo de la subida de 2019 todavía no se ha cuantificado". "El crecimiento del empleo empezó a desacelerarse a mediados de 2019, pero todavía no hay suficientes pruebas para determinar qué parte de esa desaceleración se debe al incremento del salario mínimo".
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