El Ministerio de Trabajo de España está elaborando una normativa para reformar el sistema de protección por desempleo, en la que simplifica y mejora el nivel asistencial y crea una prestación complementaria a la contributiva.
Según el texto sometido a consulta pública previa, la nueva protección asistencial por desempleo podrá ser percibida por quienes no tengan los requisitos de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva o por quienes la han agotado y no encuentran empleo. De esta forma, dejará de ser catalogada como protección por desempleo la recibida por quienes no provenían de un empleo.
Asimismo, ampliará la duración de los subsidios para compensar la derogación de los programas de renta activa de inserción (RAI) y subsidio extraordinario por desempleo (SED), garantizando una protección durante más tiempo.
Con dicha reforma, el Ministerio quiere ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios y eliminando las lagunas de protección del sistema actualmente vigentes. Así se simplificará el procedimiento, flexibilizando el acceso y permanencia en el subsidio y reduciendo las cargas administrativas, al tiempo que vinculará esta protección al compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado de empleo.
En la actualidad, el sistema de protección por desempleo resulta complejo, con una prestación contributiva, otra asistencial, rentas agrarias, protección para los trabajadores por cuenta propia, programas de forman de empleo, rentas mínimas y prestaciones no contributivas. A esto se suman los diferentes programas autonómicos que van más allá de la protección por desempleo, pues garantizan recursos mínimos.
El Ministerio de Trabajo está elaborando también una normativa que simplificará y homogeneizará las bonificaciones en las cotizaciones sociales para incentivar la contratación, que conllevan un gasto de 1.821,6 millones de euros al año. Según el documento sometido a consulta pública previa por el Ministerio de Trabajo, los incentivos a la contratación vía bonificaciones en las cotizaciones sociales suponen en su conjunto alrededor del 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo.
Así, en el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros, detalla del documento. A ello hay que añadir los incentivos aplicados mediante subvenciones concedidas por los servicios de empleo tanto estatal como autonómicos que dada su disparidad no están calculadas.
Actualidad Laboral / Con información de El Economista
