La policía de Gran Canaria, España, detuvo nueve hombres por supuestos delitos de falsedad documental presuntamente cometidos a partir de que uno de ellos, un asesor laboral, ofreciera falsos contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros a los que daba de alta como trabajadores en las empresas que administraba o asesoraba sin que se produjera actividad laboral alguna.
Gracias a estos contratos, los ciudadanos extranjeros habrían regularizado su situación ante la subdelegación del Gobierno en Las Palmas, obteniendo un permiso de residencia y trabajo legal en España.
En marzo de 2018, investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que un ciudadano de nacionalidad marroquí habría obtenido un contrato de trabajo tras pagar una determinada cantidad de dinero a un asesor laboral de la isla.
Este contrato, que le vinculaba a una empresa para la cual nunca llegó a realizar actividad laboral alguna, le habría permitido obtener un permiso de residencia y trabajo legal en España a través de la subdelegación del Gobierno en Las Palmas.
La investigación policial se centró entonces en localizar otras empresas que podrían haber utilizado el mismo asesor para dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores de la misma nacionalidad, sin el consentimiento o conocimiento de sus administradores.
En las sociedades investigadas se pudieron identificar al menos a siete trabajadores de nacionalidad marroquí que no acudían a su puesto de trabajo ni desempeñaban la labor para la que supuestamente habían sido contratados.
Se trataba, por lo tanto, de una simulación de relación laboral con el único objetivo de obtener beneficios administrativos en materia de Extranjería, como es la autorización de residencia y trabajo legal en España, a la cual no se puede acceder si no se dispone de una oferta de empleo documentada.
En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron comprobar que mediante este modus operandi se habrían simulado alrededor de una treintena de falsos contratos de trabajo y relaciones laborales.
También fueron identificadas otras empresas de las que el investigado o alguno de sus familiares eran administradores y que también habrían servido para realizar este tipo de contratos fraudulentos.
La operación policial culminó con la detención del asesor laboral, un hombre de 55 años de edad, además de otras ocho personas, siete de ellas de nacionalidad marroquí, todos ellos como presuntos autores de delitos de falsedad documental.
Instruidos los correspondientes atestados policiales, fueron remitidos a las autoridades judiciales competentes.
Actualidad Laboral / Con información de La Vanguardia
