En España hay 530.000 personas más recibiendo un sueldo o una transferencia pública que asalariados en el sector privado. El fuerte crecimiento de la ocupación en los últimos años no ha logrado cerrar esta brecha (aunque sí reducirla drásticamente desde 2013), que se mantiene viva gracias al rápido crecimiento de los pensionistas. Dada la ralentización que está sufriendo la economía española y la creación de empleo, esta diferencia amenaza con volver a ensancharse ante el goteo constante de nuevos pensionistas en el sistema y el crecimiento del empleo público.
El número de personas dependientes del Estado o del sector público sale de sumar el número de pensionistas (8,897 millones), empleados públicos (3,228 millones según la EPA -Encuesta de Población Activa-) y beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo (1,964 millones de personas). La cifra alcanza los 14,091 millones de dependientes del Estado. En el otro lado de la ecuación se encuentran los 13,561 de asalariados en el sector privado, según la última EPA.
Resulta importante encuadrar por un lado, las prestaciones por desempleo y las pensiones - que son transferencias por las que la administración no recibe nada a cambio directamente -; y por otro lado, los salarios de los empleados públicos - que son calificados como la 'compra' de un servicio por parte del sector público -. Aunque esto último supone un gasto para el Estado o las administraciones, el empleado público realiza un trabajo que genera un valor para la economía y, por tanto, se contabiliza como PIB. Además, los empleados públicos desempeñan una actividad fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Por el contrario, las pensiones y las prestaciones por desempleo (aunque se hayan ganado a través de cotizaciones con toda justicia) suponen una salida de dinero sin contraprestación que, por tanto, cuenta como gasto público pero no computa de forma directa como PIB -producto interno bruto-.
Casi 20 millones de ocupados
Por otro lado y para continuar con las aclaraciones, para completar los 19,874 millones de ocupados que hay en España habría que sumar a los empleados públicos y los asalariados del sector privado, los 3,077 millones de trabajadores por cuenta propia (autónomos). Este tipo de trabajadores se encuadran dentro de las rentas mixtas (generan, en parte, rentas del trabajo y en parte rentas del capital), por lo que no se pueden incluir como asalariados. No obstante, incluyendo a estos trabajadores, el saldo sería todavía positivo para el sector privado.
La mayor brecha entre asalariados en el sector privado y personas dependientes del Estado se produjo en 2013, cuando los asalariados en este sector cayeron a 11,131 millones; mientras que los beneficiaros de prestaciones por desempleo alcanzaban casi 2,9 millones. Mientras que el empleo en el sector público (mucho más rígido y protegido durante las crisis) estaba en 2,937 millones y los pensionistas sumaban 8,315 millones. Durante ese año, el desequilibrio llegó a ser de casi 3 millones de personas más dependientes del sector público.
El coste para el sector público
En 2018 la compensación de los empleados públicos ascendió a 127.644 millones de euros, mientras que en pensiones se fueron unos 153.800 millones y 18.000 millones en prestaciones por desempleo, según datos de Eurostat -Oficina Europea de Estadística-. La suma de lo anterior roza los 300.000 millones euros, más de tres veces de lo que se recauda por IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- en un año. Esa cantidad se come más de la mitad de los 471.000 millones de euros que ingresaron las administraciones públicas ese año.
De este modo, entre pensiones y prestaciones por desempleo (unos 171.000 millones de euros) se va la mitad del gasto social de las administraciones públicas, que alcanza los 272.000 millones de euros, según los últimos datos de Eurostat. Además, este gasto se irá incrementando durante los próximos años para pagar, sobre todo, las pensiones por jubilación. Estas prestaciones tendrán también un 'coste' cada vez mayor (si no se reforma el sistema) por las mayores bases de cotización media de los nuevos jubilados. Desde el Banco de España creen que el gasto se podría disparar en 36.000 millones de euros más para 2050.
En los próximos 32 años, cuando la generación nacida en la década de los noventa esté próxima a la jubilación, se observarán 77,5 pensionistas por cada 100 habitantes, frente al 32% actual o el 19% de hace 40 años. La tasa de dependencia de España (que alcanzará el 77%) solo será superada ligeramente por Japón, que en 2050 contará con 77,8 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes. Salvo un 'milagro' demográfico, el número de personas dependientes del Estado no solo seguirá siendo más grande que el de asalariados, sino que la brecha seguirá ensanchándose en el futuro.
Actualidad Laboral / Con información de El Economista
