La crisis económica asociada a la pandemia y el carrusel de cambios normativos ligados a esta han disparado la conflictividad laboral y, con ella, el volumen de litigios judiciales para acercarlo a los niveles que alcanzó en el anterior crash: más de 250.000 empleados demandaron a las empresas para las que estaban trabajando: por impagos y sisas salariales, y por despidos que consideran ilegales, en los primeros doce meses de emergencia sanitaria. Ese inquietante registro coincide en el tiempo con otro, que también lo es, como el incremento de las demandas por deudas entre empresas y/o particulares, hasta niveles que no se habían dado desde el tramo más duro de la anterior crisis, en 2009 y 2010; y cuya magnitud anticipa la llegada de una nueva ola de insolvencia y morosidad.
Según reflejan los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 los juzgados de lo Social recibieron 133.331 demandas por despidos y 120.005 por reclamaciones de cantidad. Un registro conjunto de 253.336 que para ver superado requiere regresar al periodo 2008-2013, cuando la suma de esos dos tipos de pleitos se situó por encima de los 260.000 y llegó a rondar los 320.000 en 2009.
No se trata de escenarios precisamente similares, sino más bien al contrario más allá de algunos rasgos. Ya que en el primer año pandémico el desplome de la actividad, más intenso desde la guerra civil, ha convivido con el despliegue de una batería de medidas sin precedentes para proteger el empleo y el tejido productivo, con los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) como ejes del escudo social. Mientras que la crisis anterior, menos intensa pero más sostenida en el tiempo, se combinó con una respuesta gubernamental que laminó los derechos laborales y no logró atajar el deterioro del mercado laboral y del tejido empresarial.
Un cuarto de millón de demandas en doce meses
Pese a ello, los dos trimestres con mayor volumen de demandas de despido desde el inicio de los brotes verdes en 2014, han sido el tercero de 2020 (41.597, más de 3.000 por semana) y el primero de 2021 (34.461). Algo no ha funcionado en la aplicación de las normas pandémicas. El primero de esos periodos supera con creces las medias trimestrales de la serie, que arranca en 2007 y el segundo no anda lejos de hacerlo. Algo que da una idea de cómo ha aumentado la conflictividad en este ámbito, que además de los despidos, incluye las demandas por extinción de contratos por causas objetivas, la impugnación de las modificaciones de condiciones de trabajo y los traslados individuales.
El volumen de reclamaciones de cantidad, que abarca además de los impagos y las sisas en los sueldos, las discrepancias en materia de Seguridad Social y las sanciones disciplinarias, es menor. Aunque en este caso, influye el hecho de disponer de un año para ir al juzgado desde que se genera la deuda, lo que lleva a no descartar nuevos aumentos. Mientras que los despidos solo pueden ser impugnados en los veinte días siguientes a la notificación.
Esos 253.000 asalariados, que han acudido a los tribunales a un ritmo de casi 5.000 demandas por semana, suponen algo menos del 2% de los 12,81 millones de asalariados del sector privado que la EPA (Encuesta de Población Activa) de medias contabilizaba el año pasado. En un dato que incluye a los afectados por ERTE, que han ido oscilando en una horquilla que va de los 600.000 a los 3,5 millones.
Actualidad Laboral / Con información de Público
