Los trabajadores que en sus últimos años de vida laboral han sido despedidos o se han visto obligados a hacerse autónomos serán los beneficiados, de una futura ampliación, de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. La medida anunciada por la ministra de Empleo española, Fátima Báñez, beneficiará especialmente a aquellos trabajadores que cotizaron a la Seguridad Social más al principio o a la mitad de su vida laboral, que al final. Por ello, la propuesta del Gobierno que estudia el Pacto de Toledo, de prosperar, sería de aplicación voluntaria y tendría un coste para las arcas públicas, pues persigue una mejora de las nóminas.
La comisión del Congreso también analiza la posibilidad de que, estos trabajadores puedan elegir los mejores años para el cálculo de su pensión, de entre toda su vida laboral. No obstante, se trata de una propuesta que aún no tiene ningún tipo de concreción, con lo que se desconoce cuántos años se tendrán en cuenta para hacer el cálculo de las pensiones.
Negociaciones bloqueadas
La ministra de Empleo confió en que el Pacto de Toledo pueda presentar sus conclusiones a lo largo de este ejercicio. Como se conoció anteriormente, los trabajos de la comisión comenzaron en noviembre de 2016; pero las negociaciones se bloquearon, durante la primavera, debido al proceso de primarias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y no se retomaron hasta la victoria de Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando se puso blanco sobre negro y se intentó cerrar las recomendaciones antes de final del año, las posiciones encontradas lo impidieron. Luego llegó la situación en Cataluña, el referéndum ilegal y el diálogo, por lo que fue misión imposible. El Gobierno perdió el apoyo clave del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos de 2017, finalmente prorrogados; y la conmoción política dejó en un segundo plano al Pacto de Toledo.
Fuentes consultadas por el medio español Inversión & Finanzas aseguran que, la comisión se ha marcado un plan de trabajo intensivo con el objetivo de presentar sus conclusiones, en torno a la Semana Santa. La idea es que unas propuestas sean acordadas por unanimidad y otras tendrán que ser viables, en función de los acuerdos o alianzas a los que lleguen los grupos. Así, las claves de la propuesta de Empleo son las siguientes:
-Respaldo a despedidos: Ampliar toda la vida laboral para el cálculo de pensiones es un respaldo a los trabajadores que, en los últimos años de su vida laboral fueron despedidos o se vieron obligados a hacerse autónomos. Pues, tuvieron una reducción en su cotización en estos últimos años que mermará su pensión.
-21 años para el cálculo: El pasado 1 de enero cambiaron los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación, y ahora ha quedado fijado en 21 años. Desde 2013, se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que, el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde 15 años a 25 en 2022.
-«Enmienda Telefónica»: Los despidos de trabajadores de más edad durante la crisis fue un goteo. A la medida de apoyo a esos despedidos, anunciada por Báñez, se unieron otras como la «enmienda Telefónica», que obligaba a las empresas de más de 500 empleados a realizar aportaciones al Tesoro, en despidos de mayores de 50 años.
-Otras medidas en estudio: Sobre la mesa del Pacto de Toledo también está planteado un destope de bases máximas de cotización; y lo más lógico es que, las pensiones máximas suban en la misma proporción. No se entendería que se elevaran las bases máximas (3.751,2 euros mensuales) y, en paralelo, no aumentará la cuantía máxima (2.580 euros).
Actualidad Laboral / Con información de Inversión & Finanzas
