El Gobierno ha presentado en Bruselas una propuesta sobre el futuro de la eurozona en la que reclama un presupuesto anticrisis, un seguro de desempleo común, eurobonos y completar la unión bancaria con mutualización de riesgos. A rebufo de las propuestas del francés Emmanuel Macron, España exige “un verdadero gobierno económico”, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, ante la constatación de que el euro es “un proyecto inacabado”. Para acceder a esa segunda fase del euro —una unión fiscal en toda regla—, Madrid pretende que sea imprescindible cumplir a rajatabla varios “criterios de convergencia”, tanto fiscales como de comercio exterior.

La Gran Recesión “reveló errores críticos en el diseño del euro”, y Europa puso parches “para las necesidades a corto plazo” en lugar de reaccionar “con un plan bien estructurado”. Ese es el diagnóstico de lo sucedido en los 10 últimos años por parte de España, uno de los países más castigados por la crisis. El Gobierno acaba de enviar a Bruselas una propuesta que persigue una especie de refundación del euro, al hilo de las propuestas de Macron. España tiene un aliado en París, y viceversa. Pero Alemania y otros países rechazan esas ideas. Berlín, que disfruta de una situación de privilegio con el euro —pleno empleo, crecimiento, cuentas saneadas, tipos de interés negativos de su deuda y un superávit comercial mastodóntico que infringe las reglas europeas—, es reticente a todo lo que le obligue a rascarse el bolsillo. “No veo por qué hay que cambiar de políticas”, ha dicho la canciller Angela Merkel al hilo de las demandas de Macron.

España, en cambio, se alista entre quienes reclaman cambios profundos. El objetivo es activar una segunda fase del euro para que los socios compartan no solo la moneda común, sino también un presupuesto anticrisis, un seguro de paro, un Tesoro, eurobonos y una unión bancaria digna de ese nombre. Madrid quiere una política fiscal conjunta para el euro. Y apuesta incluso por redibujar el Pacto de Estabilidad, el mecanismo de control de las cuentas públicas, para evitar agravar las recesiones con duros recortes si se aplica la disciplina a rajatabla.

“Las lagunas en la arquitectura del euro explican el impacto diferencial de la última crisis”, se queja España. “El euro no solo necesita bomberos sino también arquitectos”, critica. “El proyecto europeo solo perdurará si sus ciudadanos ven que proporciona niveles de prosperidad sostenibles e inclusivos”, subraya. Eso no sucede ahora: la eurozona actual ha abierto una brecha enorme Norte-Sur; “obliga a corregir los desequilibrios de manera especialmente costosa, sobre todo en términos de paro”, zanja España.

Tanto Madrid como París han entregado ya sus aportaciones a la Comisión Europea, que publicará su esperado informe sobre el futuro del euro este mes. Tras el lío del Brexit y el reguero de elecciones en varios países, el triunfo de Macron ha funcionado como un despertador en Bruselas: Francia ha dejado claro que quiere recomponer el eje París-Berlín y avanzar en asuntos económicos y de seguridad. Y la UE sospecha que puede haber opciones para eso. Una vez pasen los comicios alemanes de septiembre. Y siempre que Francia haga reformas. España, desaparecida en medio de una crisis oceánica durante los últimos años, pretende ganar protagonismo, aun a costa de distanciarse de su principal aliado, la Alemania de Merkel y el poderoso ministro Wolfgang Schäuble.

Esa ambición federalista queda plasmada en solo siete páginas. El euro, según ese texto, necesita un presupuesto común: una capacidad fiscal contra los “shocks asimétricos”. Ese presupuesto del euro tendría al comienzo un tamaño limitado, pero podría endeudarse en el mercado y se convertiría así en una suerte de caballo de Troya de la unión fiscal. La propuesta (elaborada por Moncloa y los ministerios de Exteriores, Economía y Energía) incluye “un régimen de seguro de desempleo que sustituya parcialmente los subsidios nacionales” en una fase posterior, una vez haya avanzado la armonización de los mercados laborales.

A la larga, subraya España, será imprescindible cierto grado de mutualización de deuda; eurobonos “para reforzar la confianza en el euro y acabar de forma creíble con los riesgos de ruptura”, incluso con un Tesoro común. Todo eso es anatema en Berlín. Ese Tesoro, la guinda de la unión fiscal, exige condiciones, una especie de Maastricht II. Para acceder a la segunda fase del euro los países deberán demostrar “un grado significativo de convergencia real”. España propone examinar las variables fiscales, además de promover “posiciones externas equilibradas”. Y esta vez prefiere no meterse en las procelosas aguas de la reforma del BCE.

Guiños a Berlín

Hay varias cargas de profundidad contra posiciones alemanas, pero también numerosos guiños a Berlín. España cree que todas las reformas requieren “un equilibrio adecuado entre las medidas para compartir riesgos y las de reducción de riesgos”, en una clara alusión a la idea alemana de limitar, a la larga, la deuda pública en los balances de la banca. Madrid aboga también por la “aplicación estricta del Pacto de Estabilidad”, aunque lleva años incumpliendo. Eso sí: el Gobierno insta a “mejorar” el pacto, porque es procíclico: obliga a recortar en las crisis y agrava así los problemas. La negativa alemana está cantada: España, por ejemplo, apuesta por completar la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos común (que proteja a los depositantes en caso de quiebra) y un cortafuegos mutualizado creíble para el fondo destinado a cerrar bancos. Berlín se niega: teme pagar el agujero de la banca italiana.

Pero España va incluso más allá de los fundamentos económicos: pide “progresos en el gobierno económico”. Reclama un mayor “control democrático” de instituciones como el Eurogrupo, que toma decisiones clave desde un limbo en el que no da explicaciones a nadie. “No podemos transferir la responsabilidad de decisiones que son muy importantes para los ciudadanos sin legitimidad democrática”, dice el documento. Rajoy sabe de lo que habla: “No podemos gobernar”, reconocía en la fase más aguda de la crisis, bajo la presión del mercado y bajo tutela de Bruselas, Fráncfort y Berlín.

Las principales propuestas

Presupuesto común. España quiere una capacidad fiscal anticrisis. Y con margen de endeudamiento. A corto plazo, sería un fondo para inversiones y para mejorar la productividad. Y, en una fase posterior, un seguro de desempleo europeo.

Eurobonos. El Gobierno defiende “la gestión común de la deuda” para reforzar la confianza y eliminar los riesgos de ruptura del euro.

Tesoro europeo. La culminación de ese proceso sería “la introducción de un Tesoro”, responsable de la capacidad fiscal común, la supervisión de la ejecución de los rescates y la posibilidad de emitir deuda común. El texto sugiere que el Mecanismo de ayuda (Mede) podría convertirse en el Fondo Monetario Europeo.

Unión Bancaria. España quiere un fondo común mutualizado para el mecanismo de cierre de bancos, y un fondo de garantía de depósitos común.

Pacto de Estabilidad. El Gobierno aboga por un estricto cumplimiento, pero pide una reforma del pacto para evitar que sea procíclico.

Actualidad Laboral / Con información de El País