De nada ha servido la huelga que los taxistas mantuvieron a finales de junio, para paralizar el crecimiento que está experimentando el negocio de compañías que, como Uber y Cabify, están ocupando cada vez más cuota de mercado para todo tipo de usuarios frente al taxi. Solo en el mes de agosto, el Ministerio de Fomento ha contabilizado otras 469 autorizaciones para que los vehículos de alquiler con conductor (los conocidos como VTC), puedan ejercer su trabajo.
Más allá de la cifra, que supone un 4,3% más de permisos habilitados frente al mes de julio, este incremento refleja la situación por la que pasa un sector, cada vez más respaldado por las sentencias judiciales que les da la razón para poder ejercer esta actividad, independientemente de las protestas del taxi.
Con ese medio millar de licencias, puestas a disposición de los conductores de compañías como Uber o Cabify, ya superan los 11.200 en toda España. El incremento de permisos se deja notar en las regiones donde existe una mayor demanda de este tipo de transporte privado: Madrid, con un incremento del 6,5%, por el importante número de empresas que existen en la capital que hacen uso del sistema; así como Cataluña (con un 6% más) y Andalucía (con un 1,2% más) por el auge del turismo. En el resto de comunidades autónomas, los datos se han mantenido estables.
Con estas referencias, quedaría muy lejos el objetivo del transporte público urbano tradicional, para que se cumpla la norma 1/30: una licencia de Uber o Cabify, frente a 30 del taxi. Los registros no apuntan, precisamente, en la dirección que desearían los taxistas. Las más de 11.000 licencias VTC representan una por cada seis del taxi, donde existen 65.539 profesionales registrados. Es decir, haría falta que el Ejecutivo restringiese las licencias concedidas a unos 9.000 VTC.
El meollo del conflicto deriva de que, el aumento en el número de licencias otorgadas en toda España se produce, fundamentalmente, como consecuencia de esos fallos que dictan los juzgados, correspondientes a miles de casos derivados del vacío legal que existió entre 2009 y 2015. En esos seis años, que median entre la liberalización del sector aprobada por el entonces Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y la regulación aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy, se solicitaron un gran número de licencias para operar, que después fueron paralizadas, pero que ahora cada juzgado suele resolver favorablemente a los afectados.
Actualidad Laboral / Con información de América economía
