“No lo aceptaremos”. De esa manera reaccionó ayer el líder de UGT (Unión General de Trabajadores), Josep Maria Álvarez, a la propuesta de alargar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años que llevó el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno el pasado viernes. Tal como adelantó el diario La Vanguardia el pasado domingo, la propuesta de Escrivá aún está pendiente de ser negociada dentro del propio Gobierno de coalición.
La opción de ampliar 10 años el periodo para realizar el cómputo de las pensiones no formaba parte de las recomendaciones del pacto de Toledo, si bien estuvo en las discusiones hasta el último momento. Álvarez dijo ayer que esa propuesta, no la ha puesto el Gobierno encima de la mesa ni tampoco les han consultado sobre ella. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC.OO. (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), no quiere entrar en el juego de opinar sobre una propuesta que no forma parte de las negociaciones. “Esperemos que no se lleve como propuesta a Bruselas”, añadió.
Las pensiones serán el enésimo enfrentamiento entre los socios de Gobierno. Los ministros de Unidas Podemos en el área económica, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cabeza no están por la labor, ya que es una propuesta que ni está en el programa de Gobierno ni en el pacto de Toledo ya que se quieren evitar recortes en política de pensiones, según fuentes consultadas. En la comisión delegada que preside la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, participan –además de Díaz– el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Industria, Reyes Maroto.
Ayer, en una conferencia telemática, el ministro Escrivá dijo que “estamos trabajando ya con los agentes sociales y con la Comisión Europea cómo va a ser esa nueva ley general de Seguridad Social; que tiene que abordar ese reto de sostenibilidad de las pensiones públicas”. El ministro, sin hacer ninguna referencia a esos 35 años al hablar de la reforma de las pensiones, añadió que “estamos discutiendo algunos de esos detalles y tengo que pedir discreción, que es lo importante en el diálogo social, ir ajustando los cambios paramétricos que hay que hacer”.
Pactos
Desde Podemos, la portavoz Isa Serra manifestó su rechazo a la posibilidad de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral para computar la pensión por jubilación; y aseveró que todo lo que no sea mejorar, el nivel adquisitivo de los pensionistas será “ir hacia atrás”, informa Europa Press. Serra recordó que esa opción no figura en el acuerdo de Gobierno en coalición y espera, que no se lleve a cabo por parte del PSOE, su socio en el Ejecutivo.
Con el alargamiento del periodo de cálculo, en general, se reducirían las pensiones a cobrar por los trabajadores. Aun así, el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, señala que “no tiene por qué” y añade, que es necesario analizar cada caso. La mayoría de los economistas consultados apuestan por esa modificación, aunque no figure en las recomendaciones del pacto de Toledo. “Llevamos mucho tiempo defendiendo que el periodo de cálculo se haga con toda la carrera laboral”, dice Doménech.
El profesor de Esade Jordi Fabregat también lo ve “lógico” porque, “lo que cobra la gente de media cuando se jubila respecto a lo que han cotizado es 1,4 o 1,5 veces, un 40% o un 50% más”. Javier Díaz Giménez, profesor del IESE, dice que “debería hacerse el cálculo con toda la vida laboral” y, obviamente, introducir elementos de solidaridad para determinados casos. Detrás de los diferentes comentarios de los académicos se esconde el modelo de cuentas nocionales, que asigna una pensión al trabajador en función de lo que ha cotizado a lo largo de toda la vida, una especie de mochila que va ligada a cada empleado.
Las 21 recomendaciones del pacto de Toledo van, precisamente en sentido contrario, al espíritu de esa propuesta de alargamiento del periodo de cálculo. Ayer, el ministro Escrivá anunció que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana, para volverlos a dar de alta el lunes, con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, Escrivá subrayó que se trata de una práctica “intolerable”, que también se realiza en los meses de verano, “que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar”.
Propuesta
El ministro dijo que el sistema actual permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, lo que está posibilitando estos usos “no aceptables”; que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores, al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones. Escrivá denunció que esta práctica “se ha convertido en algo cultural en España”, que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida. Por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad, y el alto grado de rotación de contratos.
Por otro lado, el ministro Escrivá afirmó que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha, para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros. Aunque no quiso cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en el 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE.
Actualidad Laboral / Con información de La Vanguardia
