El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha denunciado hoy en los juzgados las amenazas que a través de redes sociales vienen sufriendo a lo largo de los últimos meses los trabajadores del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), el organismo perteneciente al Ministerio de Trabajo que abona las nóminas por desempleo. Los servicios del SEPE se han visto desbordados y, aunque el Ministerio de Trabajo ha insistido de manera constante en que el 98% de las prestaciones estaban abonadas; los gestores administrativos y los propios funcionarios del organismo lo han negado, llegando a cuantificar en 900.000 el número de personas que o no recibían las prestaciones o las tenían bloqueadas por error. Desde Trabajo se apuntaba, a que los errores detectados y que corresponden a datos introducidos en el sistema por las empresas afectarían a cerca de 70.000 personas.
La denuncia penal fue interpuesta en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen las amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del SEPE desde cuentas de Twitter. El sindicato CSIF ha puesto en conocimiento de la justicia los datos de usuarios de la red social, para que se investiguen y se proceda a la identificación de los autores; ya que considera que los mensajes pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones e injurias.
Apertura de las oficinas el 15 de junio
Ante las amenazas recibidas, el sindicato reitera su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE, que se producirá el lunes 15 de junio. Una apertura que se rechaza porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver, (y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar). Además, señalan que existe también otro número significativo de desempleados, pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar; a diferencia de lo que se traslada por parte de la Ministra de Trabajo, en el sentido de que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo.
El ente sindical considera, que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. "Es más que previsible, que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los/as profesionales que las atienden". También reclama la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las oficinas, que garanticen la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.
Estado de alarma
El estado de alarma decretado en marzo obligó al confinamiento a millones de trabajadores y el Gobierno puso en marcha el esquema de protección de rentas basado en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); por el que las empresas acogidas estaban exentas del pago de cotizaciones de los trabajadores y los empleados afectados, percibían una prestación pública como indemnización. El procedimiento establece que las empresas deben tramitar el expediente, que debe ser validado por las autoridades laborales para ser tramitado. Los trabajadores en ERTE no tienen más participación activa en el proceso que la de esperar que el procedimiento, se haya realizado correctamente para recibir la prestación. La situación, con el Gobierno negando que hubiera incidencias relevantes en el abono de las prestaciones, ha tenido como efecto miles de manifestaciones contradiciéndolo en las redes sociales. Unos mensajes que en algunos casos, han derivado en amenazas directas a los trabajadores del SEPE.
Actualidad Laboral / Con información de El Mundo España y NIUS
