Durante los primeros 4 meses de este año, Espacio Público registró 174 casos de agresiones contra periodistas en el ejercicio de sus labores, durante las protestas que se han registrado en el país, desde febrero. Esto representa un incremento de 240% con respecto al mismo período de 2013. A juicio del Director de esta Organización No Gubernamental, Carlos Correa “hay una política de agredir a los periodistas y camarógrafos”, porque son quienes documentan las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones.

Según el informe presentado este martes, se reportan varios patrones de agresión a los trabajadores de la prensa, por parte de los cuerpos de seguridad: agresión física, detenciones, arrebato y destrucción de equipos, así como del material.

“Es parte de una estrategia de consolidar o neutralizar la impunidad. Buena parte de lo que hemos conocido en relación con las fuerzas de seguridad ha sido por el trabajo de los periodistas que, de conforme a Naciones Unidas, en ese momento se convierten en defensores de Derechos Humanos, en la medida en que permiten conocer quién está atentando contra la integridad de las personas”.

En este sentido, advirtió Correa que la exigencia, por parte de cualquier funcionario policial o militar, a un periodista para que entregue su material y borrarlo “no tiene ningún sustento legal nacional ni internacionalmente (…) no hay razones, ni porque fuera en una zona de seguridad”.

El caso es que, según explicó, el ejercicio del periodismo en nuestro país estaría siendo afectado desde varias aristas, y las autoridades serían las principales responsables de esto.“El Estado tiene 3 obligaciones en el ámbito del derecho: Respetar el ejercicio del derecho, es decir, si tu haces una cobertura informativa, no meterse, no fastidiarte, no hacerte daño por eso; tiene que proteger tu oficio (…) frente a los intereses particulares; (…) entonces, el Estado tiene que generar políticas que no te afecten”.

Pero es que además, el Estado, según la explicación, podría convertirse en victimario al presionar a los dueños de los medios de comunicación, por cualquier vía, como la económica.

Cuando un periodista está impedido de cumplir con su labor, bien sea por la actuación de los cuerpos de seguridad, por la reducción del espacio por falta de papel, en el caso de los medios impresos, o por cambios en la línea editorial, dijo Correa, la sociedad resulta afectada.

“El derecho a la libertad de expresión tiene esa doble dimensión, escribes-quiero leer (…) es una doble violación, y es una violación también al derecho al trabajo, que puede tener otras conexiones”. Esto porque el periodista, agregó, puede ayudar a reivindicar otros derechos “es como una malla, es un derecho individual y social, que afecta el derecho al trabajo del periodista y que también afecta la posibilidad de tener un debate público sobre los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, el Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, advirtió que corresponde al Estado Venezolanos investigar y sancionar a quienes cometen este tipo de delitos “la mejor forma de que en el país no haya violaciones de Derechos Humanos es no tolerarla”. Y, además debe adoptar políticas preventivas para capacitar a los funcionarios que garanticen a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos.

Actualidad Laboral / ASS