Por donde se le mire hay temor. Para algunos es la deportación, para otros es perder el empleo. Ese es el panorama después de la redada en Mississippi en la que 680 inmigrantes fueron detenidos. Los trabajadores de una procesadora de alimentos en Mortón, una de las afectadas por la masiva redada del miércoles 7 de agosto, están preocupados por su futuro laboral y la economía de la zona, tras la que ha sido señalada como la mayor redada en una década.
“Es un golpe muy duro para todos, no sabemos qué va a pasar con la compañía, si yo me quedo sin trabajo no voy a poder ayudar a mi amiga que fue arrestada ayer”, contó a Efe Elizabeth Iraheta, oriunda de El Salvador. La salvadoreña captó con la cámara de su celular, el arresto de decenas de sus compañeros de trabajo de la procesadora de alimentos Koch Foods; todo para documentar lo que considera el comienzo de una “pesadilla para la comunidad de Mortón”, donde viven cerca de 3.400 personas, según datos del censo.
La procesadora es una de las siete que fueron intervenidas esta semana por las autoridades migratorias en Mississippi y que se saldó con la detención de 680 indocumentados, de los cuales 377 aún siguen bajo custodia, según informó ICE -Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos- este jueves.
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Iraheta está preocupada de perder el trabajo y no tener recursos ni poder ayudar a su amiga Cynthia, una inmigrante guatemalteca arrestada por las autoridades de inmigración en el operativo y cuya hija de 12 años, quedó a cargo de la salvadoreña. “Ella me decía le recomiendo a mi niña, no me la deje abandonada”, relata la mujer, cuya amiga fue luego liberada por las autoridades. Cuando supo de la redada, lo primero que hizo fue ir por la menor a la escuela y llevarla frente a la procesadora para que su mamá, luego viera que la pequeña estaba bien. “Yo sabía que si Cynthia miraba a su hija le iba a dar ganas de luchar, ahora tenemos que centrarnos en buscar un abogado, y esos cuestan mucho”, agrega Iraheta. Dice que se echó a los hombros esta responsabilidad porque considera a Cynthia como su hermana; trabajan desde hace ocho años en la misma sección de la procesadora donde se despieza pollo crudo, y también comparten la vivienda.
Las dos inmigrantes están asignadas a una de las secciones de la compañía más afectadas por las redadas. Iraheta, que está amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS), contó que el supervisor la llamó la noche del mismo miércoles para que regresara antes de sus vacaciones, porque ninguna persona se había presentado en el turno de la noche. “Yo dije que no podía, estaba cuidando la niña”, explicó la inmigrante. Según esta, en la procesadora se trabaja día y noche, y en la sección donde trabajan hay unos 67 cortadores en la mañana y en la noche cerca de 50 personas. “Todos somos inmigrantes. No hay un solo blanco o afroamericano en nuestra sección. Ese es un trabajo duro, todo el día de pie con un cuchillo abriendo la carne”, relató.
Carlos, como se quiso identificar otro de los trabajadores centroamericanos de Koch Foods, dijo a Efe que en los tres años que lleva en la compañía, no ha tenido un solo estadounidense trabajando junto a él. “Eso debería ver el presidente, nosotros hacemos el trabajo que nadie hace”, añadió el inmigrante. Carlos no se presentó a trabajar esa noche del 7 de agosto y cuando se le pregunta la razón de su primera ausencia en años, solo dice que no quiere volver ahí y que tendrá que buscarse otro trabajo.
En un comunicado, Koch Foods dijo este jueves que está cooperando con la investigación y que cumple con las leyes estatales y federales de elegibilidad para el empleo, incluido el programa E-Verify. La compañía también advirtió que las instalaciones en Morton, donde hay más de 1,000 empleados, no funcionó durante el primer turno del 8 de agosto y está tratando de determinar cuántos trabajadores fueron detenidos por las autoridades federales.
Aunque Koch Foods tiene la intención de continuar con la operación, Iraheta opina que será muy complicado, o casi imposible, reemplazar a los trabajadores. “Es tan difícil conseguir gente que cuando se quedan tres meses les dan un bono de $300 dólares para motivarlos a que sigan”, dice la salvadoreña, a quién le pagan 13 centavos de dólar por libra de pollo que trata. Según contó Iraheta, su amiga Cynthia fue liberada por las autoridades de inmigración porque es madre de una niña estadounidense y tiene un récord limpio. Tendrá ahora que presentarse en enero ante un juez de inmigración a pelear su caso. No le pusieron ningún brazalete electrónico en su tobillo y las autoridades le advirtieron que no podía volver a trabajar. Iraheta regresará a trabajar el lunes pero teme que cierren la compañía.
Actualidad Laboral / Con información de El Diario Nueva York
