Testigo de las enormes disparidades en los niveles de vida dentro de la Unión Europea, el monto del salario mínimo legal varía de 1 a 9 en los 22 países que lo han adoptado, lo que complica su armonización a nivel europeo.

Presentado por sus promotores como un pilar de la Europa social, el proyecto se topa con grandes reticencias en aras de la competitividad, la soberanía o el riesgo de nivelación por lo bajo.

'Pilar' de la Europa social

El Brexit fue una sacudida. Frente al auge del euroescepticismo, la Comisión Europea decidió actuar para intentar demostrar que la Unión Europea (UE) no es solamente un mercado común, sino que también tiene una faceta social.

La primera piedra de ese edificio se colocó el 17 de noviembre de 2017 en la ciudad sueca de Gotemburgo, donde los 28 Estados miembros firmaron un "Pilar Europeo de Derechos Sociales".

El texto determina, entre los 20 principios que fundan la Europa social, que debe "garantizarse" un "salario mínimo adecuado" en todos los países europeos. Éste tiene que fijarse de forma que permita "satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia en función de las condiciones económicas y sociales del país, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos para buscar trabajo".

Pero esta declaración, no vinculante, sólo tiene un alcance simbólico ya que "los tratados europeos estipulan claramente que los salarios son una competencia nacional", recuerda Claire Dhéret, jefa del departamento de Empleo y Europa social en el European Policy Centre (EPC) de Bruselas.

Disparidades

Por el momento el "pilar europeo" solo se respeta de forma parcial. Una mayoría de países de la UE -22 de 28- disponen de un salario mínimo legal, es decir, fijado por ley.

Pero los datos de la oficina europea de estadísticas Eurostat revelan grandes disparidades, con sueldos mínimos que oscilaban en 2017 entre los 460 leva (235 euros) brutos mensuales de Bulgaria y los 1.999 euros de Luxemburgo, es decir una relación de uno a nueve.

Este ratio se reduce sin embargo a de uno a tres si se tiene en cuenta el coste de la vida en cada país.

Los datos de Eurostat revelan una dicotomía entre Europa oriental y occidental. Por un lado, 10 países del Este tienen salarios mínimos inferiores a 500 euros; por otro, siete países del Oeste tienen sueldos mínimos que superan los 1.300 euros.

Entre esos dos grupos, cinco países del Sur tienen salarios mínimos que oscilan entre 650 y 850 euros.

Los otros seis países (Chipre, Italia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia) carecen de salario mínimo legal, pero los empleados pueden tener una remuneración mínima establecida por sectores de actividad y fijada por los actores sociales.

Debates nacionales similares

A pesar de esta gran heterogeneidad, los debates en torno al salario mínimo son parecidos en la mayoría de los países. Enfrentan a menudo a la patronal, que lo considera demasiado alto, y a los sindicatos, que reclaman aumentos.

En Luxemburgo, los sindicatos piden un aumento del 10% del salario social mínimo. Aunque es el más alto de Europa, no basta para vivir, según ellos, ya que el alquiler medio de una vivienda con una habitación es de 1.282 euros. La patronal responde que semejante alza "podría matar a las empresas más débiles", en palabras de Jean-Jacques Rommes, presidente de la Unión de Empresas Luxemburguesas (UEL).

En Rumanía, donde el salario mínimo se duplicó entre 2013 y 2017, pasando de 700 a 1.450 lei (de 157 a 319 euros), "los empleadores se ven a menudo obligados a suprimir puestos de trabajo o a optar por empleos en negro", asegura el economista Dan Popa. Tras la última subida, el 1 de enero de 2018, el 60% de los empleadores interrogados temían tener que despedir a trabajadores, según un sondeo realizado por una organización patronal de pymes.

El salario mínimo ha tenido una evolución contraria en Grecia, país que, a petición de sus acreedores, lo redujo de 877 a 684 euros en 2012. El gobierno izquierdista de Alexis Tsipras, que había prometido aumentarlo, no lo hizo. Al igual que en los demás países, la patronal griega se opone a cualquier subida del sueldo mínimo porque no quiere perjudicar la "flexibilidad" del mercado laboral.

En el Reino Unido, un reciente informe del Institute for Fiscal Studies (IFS), un prestigioso organismo independiente, explicó que un creciente número de empleados podría perder su empleo si el "national living wage" (NLW, salario nacional de subsistencia) seguía aumentando. El 1 de abril, el NLW alcanzará las 7,83 libras brutas por hora para los empleados de más de 25 años, esto es, más de 1.510 euros mensuales.

En Alemania, antes de la creación de un salario mínimo en 2015, la derecha y algunos economistas predecían numerosos despidos y el instituto IFO llegó a hablar de 900.000 puestos en peligro. El 'Mindestlohn' es actualmente de 1.498 euros y, "hasta ahora, no se ve ningún efecto negativo sobre el empleo", según Dirk Schumacher, economista del banco Natixis en Fráncfort. Pero la reforma tampoco ha tenido un efecto positivo sobre la pobreza, que permanece estable, matiza.

Un estudio llevado a cabo en 2016 por el instituto IAB calculó que hubo 60.000 puestos de trabajo destruidos o no creados por culpa del salario mínimo en Alemania. En paralelo, se crearon unos 436.000 empleos desde 2014.

"¿Cuántos vagos con salario mínimo hacen falta para enriquecer a un banquero?" reza una pancarta en una manifestación contra la propuesta de reforma laboral del Gobierno francés, en Nantes el 21 de septiembre de 2017

En Italia, donde la regulación de los sueldos se hace a nivel de las distintas ramas profesionales, se planteó recientemente la posibilidad de instaurar un salario mínimo, pero la iniciativa no prosperó. El Jobs Act, la reforma del mercado laboral impulsada en 2014 por el primer ministro de centroizquierda Matteo Renzi permitía al gobierno crear una remuneración de ese tipo, pero la idea se descartó.

Porcentaje del salario mediano

El "pilar europeo" no promueve un salario mínimo único, aplicable de manera uniforme en todos los países.

"Sería aberrante querer reivindicarlo", admitió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a principios de 2017.

Según la analista Claire Dhéret, "eso no se ajustaría a las diferencias de poder adquisitivo entre Estados miembros". "Todas las propuestas creíbles que se hicieron hasta el momento se centran más bien en un porcentaje del salario mediano, que podría variar entre el 50 y el 60%", indica.

Luxemburgo es uno de los países que proponen este tipo de mecanismo.

Pero entre los argumentos a favor de un salario mínimo europeo está el de la lucha contra el "dumping" social, la competencia desleal creada por unos salarios bajos en determinados países. Pero un mecanismo basado en el nivel actual de los salarios en cada Estado no reduciría, a corto plazo, las diferencias entre los países de la UE.

El argumento de quienes defienden un mecanismo como este es "tener una base que permita ir hacia la convergencia a largo plazo", explica Dhéret.

De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron abogaba en septiembre por un "salario mínimo adaptado a la realidad económica de cada país", aunque insistía en la necesidad de "hacerlos converger (...) de forma progresiva".

En Francia, el salario mínimo bruto ronda los 1.500 euros.

Reticencias

El salario mínimo europeo tiene numerosos detractores en Europa del Este.

Para el ministerio checo de Trabajo, las "importantes diferencias de nivel de desarrollo económico" entre Estados miembros "no permite, en este momento, la instauración de un salario mínimo a nivel europeo".

"La fijación del salario mínimo es competencia de los países miembros y esa es la buena solución", opina su homólogo polaco.

"Instaurar un salario mínimo europeo es poco factible porque cada economía tiene su especificidad, su propio nivel de fiscalidad", considera el economista rumano Dan Popa. "Si se tomara una decisión así, Rumanía estaría por su puesto obligada a acatarla, pero tendría enormes dificultades para ponerla en práctica, ya que la diferencia entre el salario mínimo rumano y la media en la UE es muy alta".

Sin embargo, Rumanía, al igual que Polonia, tal vez no se vería afectada por la entrada en vigor de un mecanismo europeo, puesto que su salario mínimo actual ya supera el 50% del salario mediano europeo.

Pero las reticencias de los países del Este no son solo por "una cuestión de competitividad", dice Claire Dhéret. "También hay una resistencia respecto al hecho de que la Unión Europea pueda ocuparse de estos temas. Es un choque cultural aceptar que pueda tener competencias en cuestiones que siempre se han considerado competencias nacionales", explica.

Dudas entre los países nórdicos

"Se destacan las discrepancias entre el Este y el Oeste. Pero también hay discrepancias con los países nórdicos, que muestran poco entusiasmo respecto a un mecanismo europeo", señala Dhéret.

Dinamarca, Finlandia y Suecia no tienen un salario mínimo legal. En esos países las remuneraciones mínimas se fijan mediante una negociación entre los distintos actores sociales. Este sistema genera un amplio consenso en Suecia, cuyos salarios están entre los más altos de Europa. El país escandinavo está apegado a este "equilibrio" y teme que una "armonización europea" dé lugar a una nivelación por lo bajo, según una fuente diplomática.

Dhéret abunda en esa idea: los países nórdicos "consideran esto como una amenaza para su sistema social".

Actualidad Laboral / Con información de AFP