La Suprema Corte de República Dominicana ordenó la excarcelación de varios de los presuntos implicados en los sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht, entre ellos el exministro de Industria y Comercio, por considerar que no presentan peligro de fuga y por falta de pruebas contundentes.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, manifestó el domingo en un comunicado su esperanza de que la excarcelación no afecte la investigación “debido a maniobras que podrían realizar algunos de los involucrados con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del debido proceso”.

El tribunal tomó la decisión la noche del sábado, al final de tres días de audiencias maratónicas en las que analizó las apelaciones de nueve de los 10 implicados en el caso. Por decisión de un juez, los implicados estaban en prisión preventiva desde principios de junio, ya sea en cárceles o en arresto domiciliario.

Miriam Germán, presidente de la cámara penal de la Suprema Corte, explicó al término de la audiencia que el expediente elaborado por la Procuraduría General no presenta pruebas contundentes contra los acusados y se basa solo en informaciones enviadas desde Brasil que “no contienen afirmaciones tajantes y precisar sobre actividades de los imputados”.

Rodríguez consideró que los argumentos de Germán son extemporáneos, ya que el tribunal no realizaba un juicio de fondo para determinar la culpabilidad de los acusados. Insistió que el ministerio público recabará evidencias adicionales en contra de los imputados en los próximos meses. La Procuraduría tiene de plazo hasta febrero de 2018 para presentar los cargos y pruebas contra cada uno de los acusados.

La Procuraduría había solicitado la detención de los 10 implicados y de otras cuatro personas a finales de mayo, luego de recibir el expediente de la investigación realizada por las autoridades de Brasil. Uno de los acusados está fuera del país y hay una orden de arresto en su contra, mientras que los otros tres son legisladores y gozan de inmunidad parlamentaria.

La investigación sobre los sobornos millonarios de Odebrecht fue enviada desde Brasil como parte de un acuerdo en el que el gobierno dominicano renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía a cambio de una multa de 184 millones de dólares e información que permita enviar a los tribunales a los funcionarios locales que se beneficiaron de las coimas.

“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria”, insistió Germán, quien encabeza el tribunal compuesto por cinco jueces.

El tribunal solo dejó en prisión preventiva de un año al empresario Ángel Rondón y de nueves meses al exministro de Obras Pública Víctor Díaz Rúa. El exdirector del instituto de agua potable Roberto Rodríguez no apeló su arresto domiciliario de nueve meses.

A los otros siete implicados, la Suprema Corte les varió la coerción de prisión preventiva a libertad condicional bajo fianza o arresto domiciliario.

Rondón, quien fungía como representante comercial de la compañía brasileña Odebrecht, es señalado por la Procuraduría General como la persona que distribuyó entre 2001 y 2014 cerca de 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios a fin de conseguir contratos con el gobierno.

Temístocles Montás, quien fungía como ministro de Industria y Comercio al momento de su arresto en mayo, debía cumplir seis meses de prisión preventiva, pero el tribunal ordenó su excarcelación a cambio de una fianza de 15 millones de pesos (unos 326.000 dólares), impedimento de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.

La misma medida fue aplicada a Andrés Bautista, presidente del principal partido de oposición y extitular del Senado, al exsenador opositor Ruddy González y al exdirector del instituto regulador de energía eléctrica Radhamés Segura.

Otros dos implicados fueron liberados con fianzas menores y otro podrá cumplir los nueves meses de prisión preventiva en arresto domiciliario.

La procuraduría había insistido en que “para proteger las pesquisas del caso Odebrecht resulta indispensable mantener en prisión a los imputados”.

Actualidad Laboral / Con información de AP