Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, acogió a 1.200.000 ciudadanos venezolanos entre 2014 y 2018. De ese contingente, entre 230.000 y 250.000 estaban viviendo en su territorio hasta el 31 de octubre pasado. Por eso no extraña que sus autoridades hayan organizado ya dos congresos en lo que va de año con miras a encontrar la forma más efectiva de responder a ese desafío demográfico.
La II Reunión Técnica Internacional sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas se realizará el 22 y 23 de noviembre en Quito con la participación de Eduardo Stein, quien fue nombrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como su Representante Especial Conjunto de cara a la cuestión del éxodo venezolano.
Expertos en la materia cruzan los dedos para que esa cita arroje resultados más concretos que la XXVI Cumbre Iberoamericana, que concluyó el viernes pasado en Antigua, Guatemala, con un vago comunicado sobre los conflictos sociales, las tensiones políticas y los aprietos económicos que están causando los migrantes venezolanos en Sudamérica, y los millares de centroamericanos enrumbados hacia el norte del continente.
Quince jefes de Estado y de Gobierno firmaron la declaración final, clamando por una migración ordenada y regular, condenando toda muestra de racismo y xenofobia, y pidiendo abordar estos asuntos de manera integral. Pero, ¿cómo evitar que a esas palabras se las lleve el viento? “¿Dónde está el plan de acción para la cooperación regional?”, se pregunta la politóloga Indi Carolina Kryg, de la Universidad de Hamburgo.
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