El nuevo Gobierno deberá tomar medidas para controlar las cuentas de la Seguridad Social, dar un nuevo impulso a la contratación o reducir el déficit estructural de la Administración. Y todo ello es, particularmente complicado, después de las promesas hechas durante la campaña electoral.
España se enfrenta a lo que los expertos califican de una "desaceleración encubierta" y lo hace en una situación muy complicada desde el punto de vista político; tanto por la elevada fragmentación parlamentaria como por el hecho de que las ofertas electorales han trasladado el foco de lo importante a lo accesible, con un amplio abanico de promesas que, probablemente quedarán defraudadas, debido al escaso margen presupuestario.
1- Déficit
De hecho, es posible que Bruselas exija un cierto control del déficit de aquí a final de año, ya que con las previsiones actuales el desfase rondará el 2,4% del PIB en el conjunto del año, el doble de lo pactado con Bruselas. El problema con el que se encontrará el próximo ministro de Economía es una notable caída de la producción industrial, un frenazo de las exportaciones y la inversión; y también la ralentización de la contratación por parte de las empresas privadas, que de momento, está quedando encubierta por un mayor gasto público, la oferta de puestos de trabajo en las Administraciones y la inercia positiva de la compra de vivienda. Pero la fiesta del gasto público acabará y, cuando baje la marea, se verá si la economía española estaba nadando desnuda.
2- Pensiones y gasto
Además, más allá de esta desaceleración, hay varias reformas pendientes, algunas de ellas muy complicadas y que chocan con las promesas electorales. Es el caso de la reforma de las pensiones, que cuenta con tres problemas: es especialmente urgente, a cuatro años de que comience la jubilación de la generación del baby boom; afecta a un sector muy sensible, con 9 millones de potenciales votantes; y quedan pocas opciones, tras ponerse fin al Índice de Revalorización y aplazarse la puesta en marcha del Pacto de Equidad Intergeneracional. Y, el sistema cuenta ahora con un déficit de 17.000 millones de euros que no tiene indicios de moderarse en el corto plazo, y más si se sigue apostando por la mejora de las prestaciones. Hay que recordar que un pensionista ya cobra actualmente un 44% más de lo aportado a lo largo de toda su vida laboral.
Ante este problema, los partidos PSOE y Podemos optan por incrementos del salario mínimo, las cotizaciones mínimas y el destope de las máximas para elevar los ingresos de la Seguridad Social (aunque a riesgo de que el alza de costes laborales frene la creación de empleo). Mientras que el PP y Cs, confían en dar un nuevo impulso a la creación de empleo (que podría venir impulsada por la "revolución fiscal " que propone Pablo Casado del PP) y apuestan por una extensión voluntaria de la vida laboral que ayude a equilibrar las cuentas del sistema.
3- Mercado laboral
Sin embargo, esto lleva a un nuevo problema estructural de la economía española: el mercado laboral. Y este asunto se vuelve particularmente espinoso, en un momento en el que los expertos alertan de que la tasa de paro se está acercando a su nivel estructural a largo plazo. Si bien, la reforma laboral de Fátima Báñez consiguió revitalizar la creación de empleo a partir de 2014, ahora hay tres señales de agotamiento: la primera, el hecho de que los costes se estén incrementando; la segunda, que empieza a haber un déficit de profesionales en determinadas áreas; y la tercera, que la productividad se está reduciendo, al tiempo que en el mercado se detecta cierto déficit de perfiles profesionales de componente tecnológico.
Todo ello significaría que es difícil seguir creando empleo sin que se agraven los desequilibrios macroeconómicos, a no ser que se tomen medidas que den un nuevo impulso a la contratación, tales como una rebaja de costes (laborales, pero también eléctricos, por ejemplo), un impulso la formación o un mejor encaje entre la oferta y la demanda, entre otros.
4- Reforma estructural
Otro gran reto es acometer estos desafíos cuadrando además, las cuentas del resto de la Administración. Durante los últimos ejercicios, el déficit se ha ido corrigiendo de forma progresiva; pero, esto se ha debido únicamente a que el crecimiento del PIB ha impulsado la recaudación, y no a que se hayan controlado los gastos o se haya acometido una reforma estructural para mejorar las bases tributarias, pero el agujero estructural (esto es, a largo plazo) está volviendo a aumentar por encima del 3% del PIB.
Ralentización
Por eso, los economistas advierten de que una ralentización de la economía puede volver a incrementar el desequilibrio de las cuentas y provocando un aumento de la deuda pública, que sigue rozando el 100% del PIB, a pesar del crecimiento de los últimos años. Ante este problema, hay dos posibilidades: o bien se opta por elevar los ingresos (lo que puede cuadrar el déficit, aunque dañará el crecimiento) o bien se opta por dar un nuevo impulso al avance de la actividad, mediante reformas o, algo aparentemente paradójico, una rebaja de impuestos en áreas clave.
El objetivo es doble. Por un lado, asegurar en el corto plazo que un desvío del déficit no incrementa la incertidumbre en los mercados de renta fija, ya que eso podría implicar una subida muy sustancial de los costes de financiación, tomando en cuenta el enorme tamaño del volumen de deuda. Por otro lado, es necesario asegurar una senda sostenida de reducción de este volumen de pasivos, de forma que se puede crear un colchón fiscal que permita afrontar futuras crisis. Un dato que debería dar la voz de alerta es que los ciclos económicos suelen durar unos 10 años, pero la deuda es hoy 2,5 veces mayor en 2007, lo que resta margen de maniobra.
Actualidad Laboral / Con información de Expansión España
