Unos 8,4 millones de personas en activo no trabajaron en abril, según los cálculos de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que incluye en esta cifra parados registrados, afectados por ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y beneficiarios de la prestación por cese involuntario de actividad en la pandemia del COVID; lo que deja una "tasa de paro efectiva" del 36,4 %.
Según el boletín elaborado por Fedea, se trata de una cifra "extremadamente preocupante si persiste más de algunas semanas"; que se "traducirá en un dramático deterioro de las cuentas públicas". El informe detalla que, en dos meses, se han sumado al colectivo de parados algo más de 5 millones de personas, lo que, con una población activa de 23 millones, deja esa tasa de paro efectiva del 36,4 %.
Aumento del gasto
En este escenario, calculan que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019. Mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, dejando un déficit presupuestario de mas de 130.000 millones, casi el 12 % del PIB. A esta cifra, hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 170.000 millones; para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones o el 27 % del PIB, lo que "supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas", advierten.
Sobre los afectados por ERTE, 3,4 millones en abril; Fedea recuerda que esa cifra equivale a todas las personas que se encontraron en situación desde 1992 hasta el inicio de este ejercicio, es decir, casi 28 años. Y cree que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales, para extender estos expedientes por fuerza mayor hasta el 30 de junio; debería haber fijado ya los criterios para los sectores que los puedan necesitar, más allá de esta fecha. Así como un mecanismo de retirada gradual de las ayudas, que debería incluir la conversión automática de los ERTE por fuerza mayor, en otros por motivos económicos.
También sostienen que debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses, porque puede poner en peligro la viabilidad de muchas empresas. Y recomienda retocar el diseño del nuevo Fondo de ayudas a las comunidades autónomas.
"Dada la naturaleza del shock al que nos enfrentamos", apuntan, hay buenas razones para que el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes. "Pero esto ha de hacerse de una forma, que no elimine los incentivos de la autonomías, para comenzar a adaptarse a la nueva situación lo antes posible".
El informe propone que una parte significativa del fondo tome la forma de créditos, en vez de ayudas no reembolsables. Yque el tercer tramo del mismo, se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante; ajustado de aquellas comunidades que están, actualmente, por debajo de la media nacional.
Actualidad Laboral / Con información de Invertia
