Los extendidos tópicos sobre la cultura laboral francesa y los derechos de los trabajadores de este país, son invocados generalmente con una mezcla de crítica y envidia ("un país de funcionarios", "dos meses de vacaciones", "una huelga a la semana"), pero cuya realidad de fondo se basa en una serie de conquistas sociales esenciales y un nivel de protección laboral por encima de la media europea al que, ciertamente, los franceses no están dispuestos a renunciar sin plantar cara.

La reacción ciudadana contra la propuesta de reforma laboral aprobada hace poco más de un mes por el Gobierno socialista francés de François Hollande es una buena prueba.

Las movilizaciones, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en algunos casos, comenzaron en todo el país el pasado 9 de marzo, y, aunque han ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas, han logrado sacudir no solo a la calle —incluyendo el resurgir de un movimiento de 'indignados', el llamado NuitDebout ("Noche en pie")—, sino también a la izquierda francesa y al propio gobierno.

De momento, los sindicatos han conseguido arrancar al Ejecutivo algunas concesiones que suavizan el tono de los puntos más polémicos de la ley. La reforma, conocida como Ley El Khomri, en referencia a la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, será debatida en la Asamblea y el Senado durante el presente mes de abril y en mayo, respectivamente, y sigue la línea de las medidas laborales reclamadas por Bruselas a los países de la Unión Europea para aumentar la productividad y la competitividad, y reducir el desempleo.

El proyecto de ley ha sido comparado con la polémica reforma aprobada en España en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy (algo que ha admitido hasta el propio primer ministro francés, Manuel Valls), con el precedente de la implementada dos años antes por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el argumento de que ayudará a crear más empleo para los jóvenes, aumentará la "flexibilidad" de las empresas y ampliará las "garantías" de los trabajadores, la reforma del Gobierno de Hollande cuenta con el apoyo de la patronal francesa y de la derecha política. En contra: los sindicatos, los principales grupos de estudiantes, y, según sondeos publicados estos días por diversos medios franceses, hasta el 70% de los ciudadanos.

Las 35 horas semanales

Uno de los puntos más polémicos de la reforma francesa es el que hace referencia a la duración de la semana laboral. Actualmente, Francia es el único país de la Unión Europea que mantiene las 35 horas semanales (en España, Suecia o Polonia son 40 horas; en el Reino Unido el límite está en 48, y en Alemania no existe un tope fijado por la ley).

La propuesta del Gobierno de Hollande no acaba, en principio, con esas 35 horas, una medida icónica de la izquierda, pero flexibiliza el tiempo de trabajo y, según los críticos, introduce "innumerables" posibilidades para superarlas sin penalidades. La clave se encuentra en que la reforma introduce la posibilidad de trabajar hasta 48 horas (incluyendo incluso un máximo de 60 en circunstancias excepcionales y con autorización previa), siempre que en la semana inmediatamente posterior la jornada sea solo de 10 horas, y que la media del tiempo efectivo trabajado durante un periodo de tres meses no exceda las 37,5 horas semanales.

Horas extraordinarias

Las horas trabajadas por encima de las 35 se pagan en Francia como horas extras, pero la reforma introduce la novedad, muy criticada por los sindicatos y por la izquierda, de que, mediante un acuerdo empresarial, pueda reducirse el porcentaje fijado en este sentido por los convenios colectivos, que podría pasar del 25% que aplican actualmente la mayoría de las empresas a hasta un 10%. La propuesta no acaba con la semana de 35 horas, pero flexibiliza el tiempo de trabajo e introduce "innumerables" posibilidades para superarlas.

El proyecto de ley no modifica el mínimo del 10%, pero deja abierta la posibilidad de que las empresas establezcan su propia retribución para las horas extraordinarias, sin tener en cuenta el convenio colectivo, que prima en la actual normativa.

La consecuencia es que los trabajadores mantendrán ese seguro del 10%, pero estarán menos protegidos ante posibles modificaciones a la baja acordadas en las empresas. En la mayoría del resto de los Estados de la UE la cuantía del complemento que se paga por horas extraordinarias está sujeto a los resultados de la negociación con los interlocutores sociales.

En España no existe un mínimo marcado por la Ley, y tampoco en Suecia o en Alemania. En el Reino Unido, y según fuentes gubernamentales citadas por Euronews, la retribución oscila entre el 25% y el 50%, según los casos, mientras que en Polonia el complemento es del 50%, pudiendo llegar hasta el 100% en el caso de horas nocturnas y de domingos o festivos.

En cuanto al máximo de horas extraordinarias permitidas por la ley, la reforma francesa mantiene las 220 al año de la actualidad (en España son 80 al año; en Alemania, dos al día; en Suecia, 200 al año; y en el Reino Unido no hay un límite).

El descanso obligatorio

La reforma afectará asimismo al mínimo de horas consecutivas de descanso entre dos jornadas laborales, que la ley francesa establece actualmente en 11 (además de un mínimo de 35 horas consecutivas de descanso semanal). Según la ley, a la que ya ha dado su visto bueno el Gobierno galo, el Ministerio de Trabajo permitiría un fraccionamiento de la jornada laboral para aquellos empleados que cobran por día trabajado, siempre y cuando exista, como marca la directiva europea, un acuerdo con el trabajador.

Más fácil (y más barato) despedir

Junto a los cambios en las normas que afectan al número de horas trabajadas, el otro gran caballo de batalla de los sindicatos contra la reforma de El Khomri son las modificaciones en materia de despidos.

Según el proyecto de ley, a partir de ahora los empresarios podrían justificar un despido basándose en razones puramente económicas (un descenso de los beneficios durante un semestre, una reducción significativa de pedidos), más allá del rendimiento personal del empleado en cuestión. Además, la indemnización por despido pasa de los cuatro meses de salario actuales a solo tres, cuando la antigüedad del empleado sea inferior a dos años, y de 27 y 24 meses a 15 cuando se hayan superado los 20 años trabajados.

De hecho, en el caso de los despidos improcedentes, también se establece un máximo en las indemnizaciones (determinadas actualmente en un tribunal laboral), y, en muchos casos, se hace prevalecer los acuerdos en el seno de la empresa sobre los convenios colectivos. Así, el plan recupera la fijación de topes en la indemnización lanzada el pasado junio, pero censurada posteriormente por el Consejo Constitucional porque en ese momento la compensación no era igual para todos, sino mayor para los trabajadores de las grandes empresas.

No obstante, los empleados franceses seguirán disfrutando de un nivel de protección mayor que el de muchos trabajadores europeos.

¿Menos sueldo?

El tercer gran obstáculo de cara a alcanzar algún tipo de paz social con los sindicatos son los salarios. De acuerdo con el proyecto de ley, la empresa podrá alterar el contrato de trabajo sin modificar la remuneración (es decir, que el empleado, por ejemplo, trabaje más horas o desarrolle funciones de más responsabilidad, pero sin que gane más), siempre, eso sí, que exista un acuerdo previo entre la compañía y el trabajador.

Ese acuerdo previo es, para el Gobierno, la principal garantía a la hora de evitar situaciones abusivas, pero los sindicatos denuncian que será muy difícil evitar que se produzcan presiones para que el empleado acepte el cambio "propuesto", especialmente cuando puede estar en peligro su puesto de trabajo, ya que, gracias a la reforma, las posibilidades para un despido procedente son mayores.

Los sindicatos temen igualmente que la reforma acabe afectando, en la práctica, al salario mínimo interprofesional, que actualmente es en Francia de 1.466,62 euros mensuales brutos, uno de los más altos de Europa.

Las protestas

Desde que el Gobierno francés dio luz verde a su reforma, a principios del pasado mes de marzo, las protestas, protagonizadas principalmente por sindicatos, estudiantes y grupos de izquierdas (incluida el ala más progresista del gobernante Partido Socialista), se han sucedido por todo el país.

El primer gran pulso al Ejecutivo se produjo el 9 de marzo, con 175 manifestaciones en las que participaron entre 224.000 personas, según el Gobierno, y medio millón, según los organizadores, y pancartas en favor de "trabajar menos para trabajar todos" y en contra del primer ministro, Manuel Valls, y del presidente, François Hollande, acusado de ir incluso mas allá que su predecesor y actual jefe de la oposición, el conservador Nicolas Sarkozy.

La parisina Plaza de la República se convirtió en el centro neurálgico de la oposición a la nueva ley, y en el escenario de un nuevo movimiento de 'indignados', NuitDebout (Noche en pie), que acamparon durante varios días en la zona, y que en apenas una semana pasó de tan solo unos centenares a más de 2.000 participantes en asambleas ciudadanas inspiradas en el 15-M español.

A lo largo de este último mes, las protestas han ido siendo menos multitudinarias, pero, a pesar de que la mayoría de las concentraciones son de carácter pacífico, también han endurecido el tono, con enfrentamientos con la policía y decenas de detenidos.

Hollande ha defendido reiteradamente la reforma con el argumento de que favorecerá la creación de empleo y aumentará el número de contratos indefinidos: "He dado todos estos años la prioridad al empleo y no cambiaré. Para mí es lo esencial, un empleo estable", dijo, tras la aprobación del proyecto de ley.

Concesiones

El día después de producirse las primeras manifestaciones contra la reforma, la ministra francesa de Trabajo, Myriam El Khomri, avanzó varias concesiones a los sindicatos.

"Hay que responder a un cierto número de críticas", admitió, explicando a continuación que se prevé imponer cotizaciones suplementarias a los contratos temporales para "reducir la precariedad, ya que las personas que trabajan con ese régimen tienen dificultades para alquilar una vivienda o conseguir un crédito", y que se discutirá con la patronal y los sindicatos la posibilidad de generalizar unas cotizaciones más elevadas para todos los contratos temporales.

La segunda concesión a la que aludió la ministra es suprimir del primer montaje de su proyecto de ley una disposición que hubiera permitido prolongar el tiempo de trabajo de los aprendices. En la actualidad sus horarios se pueden prolongar hasta 40 horas semanales si se obtiene el visto bueno de los inspectores laborales.

Pero, más allá de estos cambios, El Khomri mostró su intención de seguir adelante con la reforma laboral, porque, a pesar de que, según dijo, el país está en "una dinámica más positiva", "no conseguimos tratar problemas de fondo en nuestra sociedad sobre todo la falta de flexibilidad".

"Creo que nuestro sistema está agotado", añadió. "Tenemos un mercado laboral que es rígido. Creamos menos empleo que los demás. Esta reforma es necesaria. Tiene que ser equilibrada, pero es necesaria", concluyó.

En una primera reacción a las concesiones del Ejecutivo, Sophie Binet, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT, una de las centrales organizadoras de la movilizaciones) consideró que "es una buena noticia pero no responde" a lo que le exigen, que es que "el proyecto de ley se tiene que retirar". Según la CGT, la reforma "supone una vuelta al siglo XIX en materia de legislación laboral".

Otro sindicato, Fuerza Obrera, lamentó que el plan ofrezca mayores facilidades para las empresas, pero no nuevas garantías para los empleados.

Tormenta política

Además de generar la oposición frontal de sindicatos y estudiantes, el proyecto de reforma del código laboral ha ahondado en Francia la brecha política abierta entre el Ejecutivo socialista y la mayoría parlamentaria gobernante y, especialmente, en el seno de la dividida izquierda francesa, que se enfrenta ahora a otra gran batalla interna a tan solo 14 meses de las próximas elecciones presidenciales, y tras cinco derrotas electorales consecutivas en los últimos dos años (comicios europeos, regionales, municipales, departamentales...).

En cuanto a la derecha, que de momento se ha mostrado discreta sobre el fondo del proyecto, cree que algunos puntos se inspiran en sus propias propuestas y anima a llevarlo más lejos. Según el diario Les Échos, no obstante, lo que realmente busca es explotar la ola de oposición levantada en la izquierda.

"El infierno está lleno de buenas intenciones. En este texto las hay, pero, visiblemente, plantean un problema para la mayoría", afirmó el secretario general de Los Republicanos, Éric Woerth.

Una tendencia común

Las reformas laborales emprendidas en Europa en los últimos años (tanto estructurales —en España, Portugal, Irlanda, Italia, Francia— como sobre aspectos concretos —en Alemania, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Suecia—) han sido, esencialmente, una respuesta a la crisis económica que estalló en 2008 y a su devastador impacto sobre el empleo.

Salvando las diferencias existentes en las distintas legislaciones nacionales, es posible identificar en todas estas iniciativas una serie de tendencias similares, cuyo denominador común se inscribiría dentro de políticas de corte más o menos liberal.

De acuerdo con el estudio Conseil d'orientation pour l'emploi: Les réformes des marchés du travail en Europe (Consejo de orientación para el empleo: las reformas del mercado de trabajo en Europa), publicado en Francia en noviembre de 2015, y según explica en el diario Cinco Días el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán, estas tendencias presentan cinco aspectos fundamentales:

• Flexibilización del marco regulador de las relaciones laborales estables o indefinidas, y revisión del marco normativo de la contratación temporal: "Sobre todo en los países más tradicionalmente protectores del empleo (España, Italia, Francia, Portugal), se busca una cierta relajación de la normativa laboral, que permita una mayor adaptabilidad empresarial y una creciente atención a las exigencias competitivas de las empresas", escribe Durán.


• Reforzamiento de los mecanismos de flexibilidad interna, facilitando la modificación de las condiciones de trabajo con el fin de proteger el empleo evitando su destrucción.


• Descentralización de la negociación colectiva, con relevancia creciente de los convenios y de los acuerdos en el seno de la empresa, y mayores opciones para no depender de los convenios sectoriales.


• Moderación salarial y contención del costo del trabajo, incluyendo una disminución de las cargas sociales y fiscales.


• Revisión de los sistemas de protección del desempleo, "para hacerlos más incentivadores de la vuelta al empleo", y de los servicios públicos de empleo, "para conseguir un aumento de su eficacia y dinamizar las políticas activas del mercado de trabajo".

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