El Gobierno francés quiere introducir una mínima regulación laboral para los trabajadores de plataformas digitales como Uber (servicio de taxi) o Deliveroo (servicio de reparto), que funcionan en su mayoría al margen del sistema. La idea de la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, consiste en que las empresas reconozcan, de forma voluntaria, la relación con sus empleados, y que las horas trabajadas por estos les permitan acceder a la formación profesional continua. No es mucho. La propia Pénicaud reconoce, en una entrevista a Le Figaro, que no quiere entorpecer "el desarrollo de este nuevo modelo económico de independientes", basado fundamentalmente en la falta de regulación y, por tanto, en la precariedad.



Los trabajadores de estas plataformas digitales no son ni asalariados ni, salvo una minoría, autónomos. Ellos tienen que aportar sus herramientas de trabajo (un coche o una bicicleta y un teléfono, por lo general), eligen sus horarios y pueden simultanear con empresas de la competencia. En Francia se calcula que hasta un millón de personas realizan estos trabajos, sea de forma cotidiana o muy ocasional, pero los empleos directos y registrados no superan los 10.000.

El plan de la ministra se inscribe dentro del proyecto de ley de formación profesional y subsidio de desempleo, uno de los que conforman la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Y la clave está en la Cuenta Personal de Formación (CPF), un mecanismo que funciona desde 2015. El CPF permite transformar las horas de trabajo en créditos para asistir a cursos de formación y reciclaje. Una jornada laboral de 35 horas da derecho al cabo del año a 24 horas de formación.



Pénicaud propone que las empresas firmen de forma voluntaria un documento, homologado por el Estado, en el que reconozcan que existe una relación laboral con sus trabajadores. Los que perciban mensualmente al menos la mitad del salario mínimo (actualmente establecido en 1.480 euros brutos) podrán acogerse al sistema del CPF y, además, contarán con la protección estatal sobre riesgos profesionales. Algunas empresas, como Uber Francia, ya han anunciado que proporcionarán por su parte un seguro privado básico a sus trabajadores.

Un estudio del Ministerio de Trabajo publicado en agosto de 2017 desaconsejaba una regulación específica para este tipo de trabajo porque "se pondría en cuestión todo el derecho laboral francés, basado en la subordinación del empleado al empleador", y porque la ausencia de normas concretas no privaba a los trabajadores de "sus derechos básicos".

Actualidad Laboral / Con información de El Mundo