Nicaragua podría sufrir este año una contracción de hasta un 11% debido a la caída de los depósitos bancarios, la inversión extranjera y las sanciones internacionales que amenazan al gobierno de Daniel Ortega por los muertos y detenidos que ha dejado la represión de las protestas del año pasado, dijo una ONG.
"La actividad económica podría contraerse entre un 7% y un 11% en 2019. Esta proyección supone que el sistema financiero continua deteriorándose, pero no entra en crisis", indica un informe de coyuntura publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El gobierno Ortega, en el poder desde 2007, se vio sacudido en abril pasado por masivas protestas, cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos, mientras que miles se exiliaron por amenazas de muerte o encarcelamiento, según grupos humanitarios.
La crisis provocó, además, que la economía decreciera un 4% en 2018, "una caída que no se experimentaba desde los años 70", siendo el turismo, la construcción, el comercio y sector financiero los sectores más golpeados, señala el documento.
El sistema financiero perdió más de US$1.300 millones hasta el cierre de noviembre pasado, las recaudaciones tributarias cayeron en más de US$300 millones y la cooperación venezolana -un millonario flujo de recursos externos del gobierno- también se desplomó por la crisis que vive el país sudamericano, según Funides.
"Desde que inició la crisis se estima que han sido despedidas más de 400.000 personas, mientras que la pobreza continua incrementando", agregó.
La ONG advirtió que "de extenderse la crisis en 2019, la tasa de incidencia de la pobreza alcanzaría alrededor del 30% de la población, es decir que alrededor de dos millones de personas vivirían con alrededor de 1,79 dólares o menos diario".
"En paralelo las reservas internacionales han caído de forma continua, generando presión a la sostenibilidad del régimen cambiario en 2019", alertó.
A eso se suma la imposibilidad del gobierno de obtener recursos financieros para hacer frente a sus crecientes obligaciones, la caída de la inversión extranjera, "las sanciones económicas aplicadas a Nicaragua y el aislamiento internacional", subraya el informe.
Estados Unidos aprobó en diciembre pasado una ley conocida como Nica-Act que limita el acceso de Managua a créditos internacionales en respuesta a la represión que ejerció contra las protestas el año pasado.
El gobierno, por su lado, se niega a reanudar el diálogo con la oposición, que pide la liberación de los "presos políticos", democratizar el país y adelantar las elecciones de 2021, entre otras demandas.
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