Dirigentes sindicales aseguraron que la estrategia del gobierno es presionar a los funcionarios mediante el populismo y el “terrorismo laboral” para que participen en los comicios del 20-M. “La orden en el sector público es que las elecciones van. Le advierten al personal que para tener acceso a servicios, beneficios contractuales y alimentos tienen que votar por Maduro”, precisó Marcela León, directiva de la central Alianza Sindical Independiente.

“En la mayoría de los organismos aplican, por los momentos, esa campaña. Ellos dicen que es persuasiva, pero se teme que cuando esté cercana la fecha de las presidenciales vendrán las amenazas y las listas para obligar a participar en las marchas, actos políticos y la votación”, agregó la representante sindical.

Añadió que los directores, coordinadores y jefes presionan para que los funcionarios y obreros tengan el carnet de la patria, que como en procesos anteriores (elecciones de la asamblea nacional constituyente y de alcaldes y gobernadores) sea utilizado como mecanismo de control en los puntos rojos cercanos a los centros de sufragio.

“Cuando hubo la jornada para sacar el carnet de la patria en el ministerio donde trabajo, yo estaba de reposo. Cuando me reincorporé el supervisor me mandó a sacarlo bajo la amenaza de no reconocer un ascenso. Para colmo lo hice en un operativo de calle y me exigían también sacar el del PSUV”, contó una empleada que pidió no mencionar su nombre.

Otro trabajador, que también solicitó guardar su nombre en reserva, señaló: “Al personal le dijeron que no habría bolsa de comida si no mostraba el carnet de la patria”.

Manuel Rondón, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, denunció que en algunos organismos no sacar el carnet de la patria implica que estás despedido. “Esa presión ha aumentado con las presidenciales, de la que ya están elaborando las listas de electores cruzados con la data del Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Menos votantes

Los sindicalistas destacaron que hay un alto ausentismo laboral en la administración pública por el problema de la falta del transporte público y del efectivo, a lo que se suma la salida masiva de personal por los bajos salarios y la emigración a otras latitudes.

“Las liquidaciones son tan disminuidas –a un trabajador con 15 años de servicio le pagan 900.000 bolívares mensuales– que la mayoría de las veces la gente se va sin cobrarlas”, afirmó Rondón. Otro factor que desmotiva a los trabajadores de continuar su carrera en el Estado son las bajas coberturas (un millón de bolívares o menos) de los HCM y los planes de salud autoadministrados.

(...) Rondón sostiene que con la salida masiva de personal en el sector público “el gobierno cuenta con menos gente para presionar y obligarlos a participar y votar en las elecciones”.

 

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