La incertidumbre entre los empleados que laboran en entidades del Estado bajo la figura de contratos de servicios ocasionales se incrementó al finalizar el 2015. Cada 31 de diciembre concluye el año fiscal en el sector público y el empleador tiene la potestad de concluir su relación laboral con los empleados que trabajan bajo esta modalidad. Las notificaciones de culminación de contrato se multiplicaron en diciembre pasado.

Karla F., de 25 años, trabajó durante los últimos dos como asistente financiera en una de las entidades que reciben recursos del Estado. Esta contadora, madre de dos pequeños, recibió la notificación pese a que, asegura, tenía un nombramiento provisional. Relató que desde entonces está buscando trabajo en empresas del sector privado. Con su sueldo costeaba el arriendo y la educación de sus hijos.

A Freddy J., de 37 años, también le notificaron la culminación de su contrato el pasado 18 de diciembre. Laboraba como chofer en un municipio del Guayas que prefirió no mencionar, porque espera ser recontratado a mediados de este año. “Esperaba que me renovaran el contrato, pero no ocurrió. Me dijeron que están en proceso de optimización de recursos y personal”.

La Ley Orgánica del Servicio Público establece que los contratos de servicios ocasionales tendrán una duración máxima de 24 meses y que, por su naturaleza, no generan estabilidad debido a que pueden terminar en cualquier momento. La Federación Nacional de Servidores Públicos estima que hasta diciembre pasado alrededor de 120.000 personas laboraban bajo esta modalidad contractual. Para el Gobierno, la terminación de estos contratos no constituye despidos, sino optimización de recurso humano acorde con la ley.

Actualidad Laboral / Información de El Comercio