El Pleno del Congreso de los Diputados en España votará este jueves la convalidación del decreto sobre medidas para el ahorro energético, una norma que, en ámbito laboral, contempla un amplio abanico de medidas para que las empresas y los trabajadores reduzcan su consumo. Pero la norma no recoge ni una palabra referida al teletrabajo.
España es uno de los pocos países europeos en los que la implantación del trabajo en remoto ha retrocedido desde el espectacular auge experimentado en 2020 a causa de la pandemia.
Si en el segundo trimestre de 2020 llegó a alcanzar al 15,27% de los asalariados, en el segundo trimestre de 2022 solo teletrabajaban de manera habitual el 5,4%.
Las razones son varias, empezando por la relajación de las restricciones de actividad y movimiento por la pandemia. Sin embargo, en 21 de los 27 países europeos la misma progresiva vuelta a la normalidad no ha supuesto una merma del teletrabajo.
El paso atrás de España, cuya intensidad solo superan Italia y Polonia, eleva nuestro diferencial con la zona euro, de 2,6 a 6 puntos según los últimos datos de Eurostat.
No pocos expertos achacan lo ocurrido de España a la nueva regulación del teletrabajo aprobada a finales de 2020. Una norma que, con la excusa de adaptar la normativa española, que databa de 2012, a la nueva realidad del empleo lo que hacía de facto era endurecer las condiciones para empresas y trabajadores.
Así lo apunta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un reciente estudio que firman José Ignacio Conde-Ruiz, Marcel Jansen y Jesús Lahera Fortez. El documento hace una crítica a la dualidad legal entre el teletrabajo habitual, es decir aquel que supera el 30% de la jornada, y el ocasional que queda por debajo de este umbral y que equivale en a práctica a un día a la semana.
"Llama la atención, de inicio, esta distinción, que canaliza legalmente y con rigidez, el trabajo a distancia regular, excluyendo de cualquier regulación el no regular" apuntan los expertos.
Pero esta misma diferencia afectaba al teletrabajo justificado por la pandemia, que también se seguía rigiendo por la laxa normativa anterior, y al que se realizaría en circunstancias normales.
Este teletrabajo 'excepcional' ha ido desapareciendo especialmente a partir de 2022, lo que explica que el desplome se haya acelerado aún más en lo que va de año.
Una evolución que el Gobierno ha ignorado en el diseño su plan del ahorro energético.
Recomendación sin contenido
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Debate del Estado de la Nación la puesta en marcha del plan de ahorro, en línea con los acuerdos europeos para atajar el impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, fue claro sobre cuáles iban a ser las más destacadas.
"Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado", señaló. De las tres medidas enunciadas, solo las referidas al trabajo en remoto quedaron fuera del decreto.
Nada se sabe de qué barajaba el jefe del Ejecutivo para " incrementar el teletrabajo". Al presentar la norma, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera precisó que se trata de una "recomendación" para que la Administración General del Estado y las grandes empresas hicieran lo que se había hecho en la pandemia.
Todas las medidas se centran en el trabajo presencial
En cualquier caso, la redacción final del decreto ha supuesto un jarro de agua fría para los que esperaban una modificación, aunque fuera temporal, para impulsar de verdad el teletrabajo. La norma no incluye ni siquiera una mención a esa recomendación.
De hecho, la idea parece ir en dirección contraria, al centrar todas las medidas en el trabajo presencial, desde la bonificación a los abonos de transporte a partir del 1 de septiembre, a los límites de temperatura en los centros de trabajo. Cuestión esta última que ha centrado buena parte del debate político, sin recordar que el teletrabajo también puede ser una forma de ahorro energético.
Siempre, claro está, que la regulación facilite un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores que resulte ventajoso para ambos. De hecho, menos del 9% de los convenios firmados en 2021 regulaban el teletrabajo, según las estimaciones de UGT.
También en el caso de los funcionarios, pendientes aún de la aprobación de la anunciada regulación que les permita teletrabajar al menos tres días a la semana, en virtud de un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos firmado en 2021.
Pero esto sigue sin materializarse. En el anterior plan de ahorro, del 24 de mayo, el Gobierno anunció que se recogía el trabajo a distancia para los funcionarios en términos similares a los incluidos en el citado acuerdo. Pero tal y como denuncia el sindicato CSIF, ni siquiera esto se cumplido. En el nuevo decreto, ni siquiera aparece mencionado.
Actualidad Laboral / Con información de El Economista
