Mientras continúa la negociación para la reforma de pensiones entre el Gobierno español y agentes sociales, un punto que está casi cerrado es el de la modificación del esquema de incentivos para alargar la edad de jubilación más allá de los 66 años estipulados por ley, por un lado, y también de las penalizaciones para quienes se retiran del empleo antes de la edad.
En lo que se refiere a los incentivos para la conocida como jubilación demorada, el Gobierno plantea al posibilidad de extender en un pago único previo al retiro la cuantía correspondiente a esa mejora, en cada caso. Según los cálculos elaborados por elEconomista, para una pensión media, de 27.000 euros anuales, este pago ascendería a 13.000 euros por cada año de demora.
Según el planteamiento del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá, la propuesta estriba cambiar la forma de cobro de esa mejora de pensión establecida por ley en los supuestos de jubilación demorada, de un 4% más sobre la cuantía de la pensión. Para esa prestación prevista de 27.000 euros anuales, con la legislación actual y la concepción del incentivo en estos momentos, por cada año de ampliación de la estancia en el puesto de trabajo más allá de los 66 años -edad legal de retiro en 2021- se aplicaría un incremento de ese porcentaje sobre la cuantía de la prestación prevista. Por lo que finalizado el año de trabajo extra, lo que se accedería es a una pensión de 28.080 euros anuales, en lugar de los 27.000 euros previstos.
Actualidad Laboral / Con información de El Economista
