El gobierno de Francia presenta un proyecto de ley para mejorar la ética política tras años de escándalos de corrupción, en un momento en que las investigaciones acechan a algunos miembros del ejecutivo del presidente Emmanuel Macron.

El ministro de Justicia, François Bayrou, presenta el miércoles el borrador de ley para “restaurar la confianza” en la política ante sus compañeros de gobierno, la primera gran ley de la era Macron.

Se espera que la ley supere con facilidad el trámite parlamentario, donde el partido de Macron se encamina a obtener una amplia mayoría en el balotaje de las elecciones legislativas el próximo domingo.

A pesar de que una de las promesas clave en la campaña de Macron era la aprobación de la norma, varios de sus ministros enfrentan pesquisas.

El partido centrista de Bayrou, MoDem, está siendo investigado por una posible malversación de fondos del Parlamento Europeo. La ministra de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, del mismo partido, forma parte de un grupo de políticos galos que afrontan un proceso similar. Y el responsable de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, está siendo investigado por prácticas empresariales del pasado. Todos niegan haber cometido delito alguno.

La nueva norma impedirá que legisladores y miembros del gobierno contraten a familiares. Alrededor de un centenar de diputados (de un total de 577 ) dieron trabajo a al menos un miembro de su familia durante la última legislatura en la Asamblea Nacional.

La campaña presidencial se vio alterada por una investigación al candidato conservador François Fillon. Su esposa Penélope recibió un cuantioso salario como asesora parlamentaria, un trabajo que supuestamente no habría realizado.

El proyecto de ley crearía un nuevo marco jurídico que permitiría a los tribunales impedir que una persona condenada por fraude o delitos relacionados con la corrupción opten a un cargo electo en 10 años.

El Senado y la Asamblea Nacional deberán establecer leyes específicas para evitar los conflictos de interés.

Según la nueva norma, los legisladores deberán reportar sus gastos, la primera vez que se hace en el país. Hasta ahora, los representantes obtenían asignaciones mensuales para cubrir sus gastos sin necesidad de justificarlos.

Actualidad Laboral / Con información de AP