El gobierno de Panamá se desvinculó del polémico anteproyecto de ley presentado por la diputada oficialista, Zulay Rodríguez, para deportar extranjeros por ofender o desplazar a panameños en el trabajo, aunque si tiene previsto replantear su política migratoria para "defender los intereses nacionales".
"La política migratoria, nosotros como gobierno vemos el tema como una política de Estado, que unidos como panameños, debemos impulsar sin provocaciones de rechazo, de odio y sin discriminar", dijo este martes en conferencia de prensa el vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Estas declaraciones de Carrizo, fueron en respuesta a la pregunta de un periodista, que pidió la posición del gobierno panameño por el controvertido anteproyecto migratorio presentado en la Asamblea Nacional.
"Lo que buscamos son buenas inversiones, buenos capitales y que crean en nuestro país, pero nosotros también vamos a defender los intereses nacionales, y los vamos a defender con respeto y sin violentar normas internacionales", indicó Carrizo.
Según Carrizo, el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, está "empezando a armar una mesa" para analizar diversas iniciativas sobre migración, aunque no dio más detalles.
a iniciativa de Rodríguez propone la deportación de extranjeros que "manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña" o a los que realicen "directa o indirectamente el ejercicio de una profesión liberal" reservada para "los nacionales panameños".
También pretende derogar las regulaciones masivas de migrantes y crear un departamento para censar extranjeros y darles seguimiento.
Tras la presentación la diputada Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), y sus seguidores han lanzado discursos y mensajes xenófobos, donde acusan a los migrantes de un supuesto aumento de la delincuencia, de ofender a los panameños y de desplazar laboralmente a la mano de obra local, entre otras cosas.
Panamá tiene profesiones restringidas para sus nacionales y otras con cuotas para extranjeros, pese a ser una economía de servicios basada en el comercio, el sector logístico, el tránsito de buques por el Canal y las inversiones extranjeras.
Entre 2010 y 2018 las autoridades aprobaron 150.000 solicitudes, además de 125.000 a través de diferentes regularizaciones masivas.
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