Un gobierno que se declara obrerista, y que continúa “el legado de Chávez”, en la práctica, se estaría distanciado cada vez más de los trabajadores. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), la respuesta del Presidente Nicolás Maduro a las demandas laborales ha sido “criminalización y represión”.

“No es tanto el diálogo, incluso, no es tanto con las mesas de negociación, como cuando estaba el Presidente Chávez, que había ese manejo mucho más político – estratégico de conducir los conflictos, desde que llegó el Presidente Nicolás Maduro, ha sido más agresivo, incluso ha intentado militarizar algunas industrias”, explicó el coordinador general del Observatorio, Marco Ponce, a propósito de la presentación del Informe “Situación de los conflictos laborales en Venezuela”.

Según el estudio, en los últimos 5 años se han registrado al menos 27.832 protestas en todo el país. “Históricamente cerca del 40% de las protestas en Venezuela ha sido por motivos laborales, uno de los índices más altos de toda Latinoamérica”.

Este 2015, estima el investigador, podría incrementarse la conflictividad laboral, por el impacto que puedan tener las medidas económicas sobre las condiciones de los trabajadores. “Es decir, cómo el desarrollo de la política económica venezolana ha incidido de manera directa en el aumento de los conflictos en el país”.

A partir del segundo semestre de 2014, en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registran un repunte de los conflictos en el sector privado, que podría mantenerse este año. “El Gobierno tiene un control férreo sobre la empresa privada, sin embargo, se percibe que muchos trabajadores siguen demandándole ciertas deudas y reivindicaciones”.

Pero también se ha dado el caso de protestas contra algunas medidas implementadas por el Estado sobre las compañías privadas. “Se puede decir que algunos casos son respaldos a las empresas”, agregó Ponce.

Sindicalismo bajo presión

“Toda la institucionalidad del Estado está conspirando de una manera clara contra la libertad sindical, contra el ejercicio libre del sindicalismo en el país”, advirtió la coordinadora Programa de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Esperanza Hermida. Así concluye la investigadora las acciones que han ejercido el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, para suspender las elecciones de algunas organizaciones de trabajadores que, a su vez, impide la discusión de los contratos colectivos.

“La teoría de la mora electoral, que fue impuesta durante el gobierno del Presidente Chávez en el Ministerio del Trabajo, no es otra cosa que restarle cualidad a las representaciones sindicales cuando no han hecho elecciones. (Esto) se ha afianzado durante el gobierno del Presidente Maduro. Y es un retroceso en la libertad sindical, eso impide la que la gente pueda discutir sus convenciones colectivas”, explicó.

Así mismo recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha dado respuesta a la acción ejercida por Provea y las principales organizaciones sindicales del país, contra el decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), hace un año y medio. Se trata de una demanda de nulidad parcial del texto, por considerarlo “injerencista desde el punto de vista de la vida interna de las organizaciones sindicales”.

Por ello hizo un llamado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, para que revise el retraso “porque está impidiendo el acceso a la justicia de las organizaciones sindicales y de los trabajadores”.

Sindicalismo indestructible

En la presentación del Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, también participaron dirigentes sindicales de larga trayectoria, voceros del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria (Ccura), y se notó la ausencia del representante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), Carlos López.

Los presentes coincidieron en señalar los ataques que ha recibido el movimiento sindical venezolano, en los últimos 15 años, que han conducido a su división, debilitamiento, e incluso corrupción. Sin embargo resaltaron que han logrado como punto de encuentro la lucha por los derechos de los trabajadores, al margen de las diferencias políticas.

Rodrigo Penso (Fadess) y Orlando Chirino (Ccura) plantearon la necesidad de refundar el sindicalismo, hacer una revisión interna de sus dirigentes y sus intereses. Chirino se inclinó por la organización de un Congreso de los Trabajadores, donde se vean las caras y se conozcan de viva voz sus intenciones. “El sindicalismo venezolano, a pesar de sus debilidades, sus diferencias, sus carencias, es indestructible, nadie nos va a destruir, ni siquiera este gobierno militarista y nosotros seremos capaces de salir adelante en estas circunstancias tan difíciles para la nación”, dijo Penso.

A juicio de Marcela Máspero (Únete), el Ejecutivo ha “destrozado” la progresividad de los derechos de los trabajadores, Denunció que, a propósito de la eliminación de la tercerización, habrían despedido a más de 2 mil trabajadores del sector público, en lo que va de año.

“Sentimos que hay un retroceso (en los derechos de los trabajadores), con un discurso obrerista, clasista, que dice ser socialista y comunista, que nosotros queremos rechazar categóricamente que no tiene ninguna de esas condiciones y se ha venido arrebatando la progresividad de los derechos de los trabajadores”.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas