Más de la mitad de los cinco millones de afiliados de los tres principales sindicatos de Reino Unido quieren que la ciudadanía pueda volver a votar sobre la salida o la permanencia en la Unión Europea, según una encuesta de YouGov realizada para la Conferencia Intersindical, que agrupa a la práctica totalidad de las centrales británicas y que se dispone a celebrar su congreso anual el próximo martes en la localidad de Manchester. Se refuerzan de este modo las presiones sobre el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, para que defina claramente su posición al respecto a finales de septiembre, cuando la formación diseñe en su propio congreso la estrategia política a seguir en los próximos seis meses.
Las dudas cada vez más preocupantes sobre el acuerdo final que el Gobierno de Theresa May llegue a cerrar con la Unión Europea, e incluso el temor de que no haya finalmente acuerdo y la salida de Reino Unido sea a las bravas, han dado argumentos a aquellos que defienden que los votantes deben volver a tener la última palabra.
Y sobre todo, dos años después de escuchar a instituciones y expertos y de hacer sus propios cálculos, las direcciones de los principales sindicatos, y con ellas la mayoría de sus afiliados, están ya convencidos del desastre que puede suponer el abandono de las instituciones comunitarias. Un sondeo realizado por YouGov entre más de 2.700 afiliados de Unite, Unison y GMB, las tres mayores centrales de Reino Unido, muestra con toda crudeza los miedos de sus miembros al panorama que puede abrirse el próximo 29 de marzo, la fecha prevista para el divorcio. A diferencia de los conservadores, que camuflan bajo la retórica nacionalista sus propias guerras personales e ideológicas, las razones que agitan a los trabajadores británicos están más pegadas a la realidad: la posible pérdida de puestos de trabajo, la subida de impuestos, una mayor reducción en su nivel de vida o un mayor deterioro de los servicios públicos.
Entre los afiliados de Unite, el principal sindicato de Reino Unido y la organización que más ingresos aporta al Partido Laborista, un 59% exige que haya una segunda consulta para ratificar o rechazar el acuerdo de salida que el Gobierno conservador alcance —si es que llega a alcanzarlo— con la Comisión Europea. Aún son ligeramente más (61%) los que, con o sin acuerdo, siguen prefiriendo que se mantenga la permanencia en la UE. Las cifras son muy similares entre los miembros de Unison y GMB, los dos sindicatos siguientes en importancia.
La encuesta de YouGov incorpora al debate político una ración de pragmatismo y desmonta un prejucio envenenado sobre la clase trabajadora británica. El pragmatismo ha convencido a los líderes sindicales y a sus bases de que, más allá del respeto cuasi sagrado que la democracia de Reino Unido tiene ante el resultado de una votación, lo que está en juego es demasiado serio como para perderlo a una sola carta. "En términos sindicales, si negociamos un acuerdo salarial para nuestros afilidados lo volvemos a someter a una nueva votación para que nos digan si es o no aceptable", explicaba a la BBC Tim Roache, el líder de GMB. Una metáfora que sirve para reflejar el grado de frustración experimentado por sindicatos, empresarios y muchos ciudadanos ante unas negociaciones del Brexit que se alejan sideralmente de las falsas promesas de felicidad que circularon durante la campaña del referéndum.
La encuesta acaba además con el mito de que la clase trabajadora británica tiene animadversión hacia los inmigrantes procedentes de otros países de la Unión Europea. Entre el 74% y el 85% de los sindicalistas consultados por YouGov respaldan que se mantenga la libertad de movimiento de los trabajadores europeos y la posibilidad de que acudan al Reino Unido y se instalen allí si tienen un puesto de trabajo.
Decididos a definir una clara posición de apoyo a un segundo referéndum en su cita en Manchester, los sindicatos pondrán así la pelota sobre el tejado de Jeremy Corbyn. El líder del Partido Laborista siempre se ha mostrado contrario a la salida del Reino Unido de la UE, pero combina un histórico recelo hacia Bruselas con la convicción de que en democracia debe respetarse la voz de la ciudadanía cuando se expresa. La presión de los sindicatos y de muchos de sus propios aliados dentro del laborismo obligará a Corbyn, muy a su pesar, a establecer a las claras en menos de un mes si quiere o no una nueva consulta.
