El Ejecutivo ha retomado el diálogo con las organizaciones sindicales representativas del sector público después de años de recortes y desencuentros. La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos (CSIF, CC OO y UGT) se han reunido este miércoles en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas por tercera vez en las últimas semanas para ultimar un acuerdo laboral que se incluirá en los Presupuestos de 2017, que se presentarán el 31 de marzo.

El sueldo de los empleados públicos subirá cerca del 1%, según confirman tanto fuentes sindicales como del Gobierno. Los representantes de los empleados públicos tratan de que el aumento sea superior a esa tasa, al menos lo mismo que se prevé que crezca el IPC este año (1,2%), aunque de momento lo que se negociaba este miércoles tenía que ver con la importante oferta de empleo público que se prepara para los próximos tres años.

Collado ha mantenido encuentros discretos con todas las comunidades autónomas y con la federación de municipios (Femp) para tratar de coordinar una oferta de empleo público que reduzca la temporalidad del sector público (cercana al 20%) y que ayude a cumplir la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que iguala las condiciones de despido de temporales y fijos.

Por eso, sindicatos y Ejecutivo ultiman un plan que incluye una oferta de empleo público de unas 250.000 plazas para los tres próximos años. CSIF, sindicato mayoritario de la Administración central del Estado, explica que la convocatoria de estas plazas no supondrán la convalidación automática de los plazas de los interinos, sino que las convocatorias cumplirán los requisitos legales de concurrencia y transparencia. Pero en los baremos de puntuación se podrá valorar el tiempo en que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al servicio de las administraciones públicas. Este punto es especialmente sensible para profesionales del sector sanitario y educativo, donde hay una gran temporalidad.

Además, esta convocatoria no supondrá un drástico aumento de la plantilla general de las Administraciones Públicas puesto que muchas de las plazas en la práctica servirán para pasar interinos a fijos. A finales del año pasado había 2.519.280 empleados públicos entre fijos, eventuales e interinos de todas las Administraciones. Las comunidades autónomas son las que más empleados públicos tienen, 1.294.765, porque de ellas dependen servicios intensivos en personal como los hospitales y centros de salud o los colegios.

El acuerdo también recoge un aumento de la tasa de reposición —las plazas sustituidas por cada jubilación— más allá del 100% para los servicios básicos: sanidad, educación y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y del 50% en el resto de sectores públicos. En la reunión de este miércoles los sindicatos y el Gobierno han acordado ampliar los servicios que podrán ampliar la tasa de reposición más allá del 100%. Es decir, que en algunos sectores se puedan contratar mas de una persona por cada jubilación. Esta tasa de sustitución afectará también al personal que trabaja de cara al público, como los empleados de la Dirección General de Tráfico, Servicios Públicos de Empleo, oficinas del DNI, o la Seguridad Social entre otros.

Desde Hacienda recuerdan que las medidas no deben suponer un aumento del gasto público. La sustitución de interinos por fijos apenas aumenta el gasto, y como los funcionarios que se jubilan cobran más por los trienios acumulados que las nuevas incorporaciones, esto deja margen para aumentar la tasa de reposición.

Por su parte, desde CSIF explican que su objetivo es recuperar la estructura salarial previa a la bajada del sueldo del 5% en 2010, aprobada por el Ejecutivo socialista de Zapatero. Y consideran que "histórica" oferta pública de empleo es un logro después de meses denunciando el deterioro y el déficit en las plantillas públicas.

El Ministerio de Hacienda ultima, además, un decreto para que las comunidades puedan celebrar oposiciones de profesores y otros miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Explican que si se tramita por la vía de los presupuestos no dará tiempo a que los nuevos docentes estén disponibles para el próximo curso escolar. En realidad, las plazas están cubiertas porque las autonomías suelen tirar de la bolsa de empleo público. Pero con esta medida contribuirá a mejorar la calidad del empleo al pasar interinos a fijos.

Actualidad Laboral / Con información de El País