Transportistas de Ecuador mantenían el viernes, por segundo día consecutivo, una huelga en protesta por el alza de los precios de combustibles, que el jueves derivó en choques violentos con la policía y llevó al gobierno a declarar el estado de excepción. La capital, con alrededor de 2,7 millones de habitantes, permanecía sin el servicio de buses y taxis, observaron periodistas de la AFP. Pobladores caminaban desde temprano hasta las estaciones del sistema municipal de transportación, que resultaba escaso para movilizar a la gente entre el norte y sur de la ciudad.
"A medida que las horas del día pasen, vamos a tener una situación mucho más controlada y mucho más segura para que las actividades normales se vuelvan a desempeñar", manifestó el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. La falta de buses y taxis también afectaba a otras importantes ciudades como Guayaquil (suroeste), núcleo comercial de Ecuador, y Cuenca (sur), según imágenes retransmitidas por la televisión.
"Ratificamos continuar con la medida indefinidamente", declaró el jueves por la noche Carlos Brunis, líder de los taxistas de Quito. Ante la protesta de transportistas, se sumaron otros sectores como el de estudiantes universitarios en rechazo a las alzas de hasta 123% en el diésel y gasolina corriente, el gobierno extendió hasta el viernes la suspensión de clases.
Las manifestaciones se tornaron violentas el jueves en los alrededores de la casa presidencial en Quito y el Ejecutivo decretó el estado de excepción por 60 días, con lo que militares se movilizaron para restablecer el orden. El primer día de protestas dejó 35 heridos, entre ellos 21 policías, y 277 detenidos, de acuerdo con autoridades. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo el viernes que uniformados "han sido objeto de ataques" por parte de manifestantes y que su "responsabilidad está justamente en restablecer el orden y la paz" tras los hechos de "vandalismo" del jueves.
El gobierno del presidente Lenín Moreno, que afronta problemas financieros, eliminó los millonarios subsidios a los combustibles, por lo que el jueves aumentaron los precios del galón americano de diésel de 1,03 dólares a 2,30 dólares y de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares. Organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar contra esa medida y otras reformas laborales y tributarias que el Ejecutivo promueve en función de un acuerdo con el FMI -Fondo Monetario Internacional-, que le permite acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares.
Actualidad Laboral / Con información de AFP
