Los importadores venezolanos están a la espera de conocer la forma de aplicación de la recién promulgada reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, para ejecutar el proceso de traslado de productos o materia prima, al país. La presidenta de Fedecámaras del estado Vargas, Cipriana Ramos, explicó que el pasado 19 de enero venció la vacatio legis y no se ha elaborado el reglamento de ese instrumento legal.

“La mercancía ahorita está paralizada afuera, a ver cómo se definen estas situaciones”, dijo. El caso es que los agentes aduanales no han recibido la información necesaria para cumplir con la norma, “necesitamos poder ir a una oficina de atención al contribuyente y que ahí obtengamos respuestas, que los funcionarios hayan recibido el adiestramiento para que nos lo transmitan a nosotros”.

De acuerdo con su análisis, las sanciones previstas en la ley son de aplicación inmediata, no necesitan el reglamento. Pero, procesos como la “declaración anticipada”, no la habían podido realizar, hasta este miércoles 21 de enero, por problemas con el sistema. Y sobre este paso, Ramos se preguntó cuáles trámites eliminaría.

“¿Va a ser tomada como canal de selectividad amarillo? Si eso es así, el canal de selectividad amarillo debe desaparecer del Sidunea (Sistema Aduanero Automatizado), debe quedar sólo el verde y el rojo; y al rojo debería ir sólo la mercancía que tenga un alto índice de riesgo que pueda cometer un ilícito”, explicó.

Son aspectos que esperan sea aclarados en los próximos días por las autoridades. A su juicio, este instrumento legal está lejos de proteger al importador del sector privado, en todo caso se estaría incrementando el riesgo. “Dos o tres rayitas me borran”, es decir, se elimina como agente aduanero, con 3 sanciones.

Según el texto, algunas de las sanciones a los Auxiliares de la Administración Aduanera, están contempladas en la sección I, (artículos 161 al 164) de la Ley Orgánica de Aduanas y prevé multas entre 50 Unidades Tributarias (UT) y 1000 UT, así como suspensión desde 30 días hasta 120 días contínuos, dependiendo de la irregularidad detectada.

El interés de este Decreto Ley es facilitar el descongestionamiento de las aduanas, sin embargo, la Presidenta de Fedecámaras Vargas, negó que la mayor responsabilidad en el retraso de la salida de la mercancía del puerto, recaiga en el auxiliar de administración aduanera. “Bolipuertos no entrega las actas oportunamente, no posesiona los equipos oportunamente (…) esto es una cadena, y dependo en 99% de la administración pública para retirar una mercancía de la aduana”.

Por estas razones, solicitaron una prórroga de 60 días hábiles, contados a partir desde que se venció el período de gracias (19 de enero). También enviaron comunicaciones a los ministerios vinculados con la actividad para que sean incorporados en la discusión para la elaboración del reglamento. Este sector, dijo, se encuentra en asamblea permanente para analizar este tema.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas