El último informe realizado por Aristimuño Herrera & Asociados, hace un análisis de la situación del «mercado laboral» en Venezuela y las decisiones urgentes que se deben acordar, en función de reconstituir el poder adquisitivo del salario, puesto que uno de los elementos limitantes fundamentales para la recuperación económica del país es la depresión de los salarios en Venezuela y la creciente informalización del mercado laboral en el país.
En la nota que publica Banca y Negocios, se explica que no hay cifras oficiales que evidencien esta situación. Las estadísticas históricas de empleo más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) ya tienen un retraso de casi tres años, mientras que indicadores particulares de empleo y formalidad muestran que, al cierre del primer semestre de 2020, la desocupación era de 8,8% y el trabajo formal era la fuente de ingreso de 56% de la población activa.
La reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) deja evidencias más claras de la situación. 50% de la población en condiciones de trabajar, no tiene una actividad remunerada concreta, mientras el sondeo Enjuve 2021 indica que 37% de los jóvenes venezolanos no estudia ni trabaja, y la tasa de asistencia a la educación formal se ha reducido 70%.
Señalan en el informe que ante la desaparición de un mercado laboral, lo que hace que, en términos de creación y mantenimiento del empleo, el país se mueve en una suerte de “ley de la selva”, donde las condiciones laborales dependen de lo que las empresas pueden hacer, en función de sus expectativas.
Aun así, el sector privado hace el mayor esfuerzo por ofrecer las mejores condiciones salariales; sin embargo, los ingresos derivados de los empleos formales siguen siendo profundamente insuficientes, aún en un contexto de menor crecimiento de la inflación.
En consecuencia, sugiere el documento que hay que comenzar a hablar seriamente de una reforma laboral integral que permita reconstruir el mercado, en el que las empresas y los trabajadores tengan parámetros adecuados.
La actual Ley Orgánica del Trabajo es sencillamente inaplicable. Sus disposiciones de control excesivo, la adopción de mecanismos de regulación de la relación laboral que conducen a forzar la inamovilidad, costos incrementales no asociados a productividad y la intervención inadecuada en la actividad empresarial solo generan un saldo de mayor desempleo.
Con ese marco, contratar, con una perspectiva de crecimiento, el capital humano es un riesgo casi inasumible en medio de una economía que transita por su octavo año consecutivo de recesión.
Por ello, datos recientes indican que las empresas venezolanas tienen déficit de personal en áreas claves y la sustitución es complicada, incluso hay una creciente demanda de trabajo remoto desde el exterior para cubrir labores especializadas.
La desaparición del trabajo formal, la continua recurrencia al pluriempleo, porque, en promedio, ningún salario cubre siquiera una canasta de subsistencia, que ya supera, según estudios recientes, 690 dólares en el país, y la informalidad galopante son manifestaciones negativas de una economía en crisis, que no se resolverá solamente por la recuperación puntual de la actividad, sino que requiere decisiones estructurales que ya deberían discutirse.
Es pertinente plantear un nuevo estatuto laboral que sirva como guía para reconstruir el mercado y formalizar de manera progresiva el empleo, cuyo objetivo básico debe ser crear las condiciones para que se recupere el ingreso de los trabajadores de manera rápida y sostenida.
Es igualmente necesario pensar en una reforma del sistema prestacional que fomente el ahorro y estimule el consumo de los trabajadores y, para ello, también es indispensable que se den pasos concretos para recuperar el financiamiento bancario al consumo.
No se trata, y hay que aclararlo, de que los trabajadores pierdan derechos, o de que carguen con un peso injusto del ajuste económico que se debe hacer de manera más ordenada; por esa razón es urgente el diálogo tripartito amplio –gobierno, empresarios y trabajadores- para poner sobre la mesa una estrategia sólida de recuperación de los ingresos.
El mercado de consumo está reducido a no más de 13% de la población, que logra obtener ingresos constantes en divisas. El resto vive en diversos grados de precariedad. Encontrar soluciones a esa desigualdad agravada en el acceso a bienes y servicios, a esa brecha social tan potencialmente peligrosa, es una urgente necesidad.
