Francia celebra hoy una jornada de huelga, especialmente visible en los transportes, para reclamar un alza salarial que compense la inflación y denunciar la respuesta del gobierno al paro que viven las refinerías desde hace semanas.
Estudiantes de liceos profesionales, funcionarios, comerciantes, trabajadores del sector de la energía o de los transportes, etc., están llamados al paro por el sindicato CGT y otros tres para defender el derecho a huelga y reclamar un aumento de sueldo.
"Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (1.970 dólares), que equivale a un aumento de 300 euros (295 dólares)", dijo en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, que abogó por ajustar también el resto de sueldos a la inflación.
Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2%, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según Eurostat.
Pero el clima social es tenso. El temor a perder poder adquisitivo fue la principal preocupación de los franceses durante el último ciclo electoral de abril a junio y el llamado a ahorrar energía para evitar cortes en invierno enrarece el ambiente.
Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación para hogares y empresas.
Curtido por la protesta social de los "chalecos amarillos", cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el gobierno del presidente liberal Emmanuel Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.
Pero la gota que colmó el vaso de los sindicatos fue que el gobierno requisara personal en huelga de TotalEnergies para paliar el desabastecimiento de combustible, que afecta desde hace días a casi un tercio de gasolineras en Francia.
Además del alza salarial, los huelguistas piden un mejor reparto de los beneficios obtenidos por el gigante energético --más de 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2022--, un reclamo que entiende más de la mitad de los franceses.
Al rechazar gravar estos "superbeneficios" a nivel nacional, Macron situó al gobierno "en el campo de la gran patronal, en total deconexión con una gran parte de los franceses que sufren la inflación cada día", según un editorial del diario Libération.
Aunque el ministro del Interior, Gérald Darmanin, aseguró este martes que "constatan" que debe aumentarse una parte de los salarios, el gobierno liberal rechaza legislar al respecto, dejando en manos de las empresas cualquier revalorización.
El ejecutivo se dispone incluso a recurrir a un polémico método parlamentario, llamado 49.3, para adoptar su presupuesto de 2023 sin el voto necesario de la Asamblea Nacional (cámara baja), que lo debate actualmente.
Macron busca así evitar las enmiendas adoptadas por los diputados contra la opinión de su gobierno, como un alza del impuesto a los "superdividendos". El portavoz del ejecutivo, Olivier Véran, anunció que podrían activar este procedimiento el miércoles.
Con este movimiento, el presidente se arriesga a reforzar su imagen de "autoritario", pese a haber prometido cambiar tras su reelección en abril, y tensar aún más el ambiente antes de la llegada de la explosiva reforma de las pensiones a inicios de 2023.
El retraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años que quiere Macron para acercarla a la mayoría de países de la UE choca con la oposición frontal de los sindicatos, incluso del reformista CFDT, y la oposición de izquierda y ultraderecha.
Su primer intento en 2019 y 2020 generó además protestas masivas en las calles, pero el dirigente de 44 años, que ha convertido esta reforma en uno de sus caballos de batalla, amenazó incluso con disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones, si esta no lo aprueba.
Actualidad Laboral / Con información de France 24
