La FIFA aún no se compromete oficialmente con un fondo para compensar a los trabajadores migrantes por los daños y las muertes en Qatar, a pesar del respaldo público de al menos siete asociaciones nacionales de fútbol, cuatro patrocinadores de la Copa Mundial, ex jugadores, líderes políticos y, según una encuesta de opinión, una gran mayoría del público en 15 países, dijeron hoy Human Rights Watch, Amnistía Internacional y FairSquare.
El 17 de mayo, hace cinco meses, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y FairSquare, junto con una coalición mundial de grupos de derechos, sindicatos y grupos de aficionados, lanzaron la campaña #PayUpFIFA con la que exigían a la FIFA que ofreciera reparación, incluida una compensación económica, por los graves abusos cometidos, incluyendo muertes, lesiones, salarios impagados y costos de contratación exorbitantes. Cuando apenas falta un mes para la inauguración del Mundial, la FIFA aún no informa que vaya a poner remedio a los abusos, pero afirma que sigue estudiando la propuesta.
“Es una vergüenza que, a pesar de que destacados futbolistas, asociaciones de fútbol y patrocinadores apoyan la campaña #PayUpFIFA y del amplio respaldo popular, la FIFA siga sin comprometerse con las peticiones de un fondo de compensación para muchos miles de trabajadores migrantes que murieron, resultaron heridos o a los que les robaron sus salarios mientras hacían posible la Copa del Mundo”, dijo Michael Page, subdirector para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “La FIFA está incumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos y mostrando su indiferencia por los trabajadores migrantes que construyeron la infraestructura del torneo de Qatar que alimentará sus ganancias económicas”.
El 13 de octubre, Associated Press informó de que el vicesecretario general de la FIFA, Alasdair Bell, dijo en una sesión del Consejo de Europa que la compensación es “ciertamente algo en lo que estamos interesados en adelantar”. Sin embargo, a pocas semanas del partido inaugural de la Copa del Mundo, ni la FIFA ni Qatar se han comprometido formalmente a crear un fondo para remediar una serie de daños, entre los que se encuentran las muertes de los trabajadores migrantes que han hecho posible la celebración de la Copa del Mundo.
Cuando la FIFA, el organismo rector del fútbol, concedió a Qatar los derechos de organización de la Copa Mundial en 2010, sabía o debería haber sabido que los millones de trabajadores migrantes que construirían una infraestructura sin precedentes de 220.000 millones de dólares se enfrentarían a graves riesgos de derechos humanos. Sin embargo, la FIFA no impuso condiciones de derechos laborales ni llevó a cabo una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos. Ahora la organización no se ha comprometido públicamente a remediar estos graves abusos cuando apenas faltan semanas para el inicio del Mundial.
Desde mayo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y FairSquare se han puesto en contacto con las 32 asociaciones de fútbol clasificadas para la Copa del Mundo de 2022, instándolas a apoyar públicamente el fondo de reparación. De ellas, hasta ahora al menos siete de las asociaciones clasificadas han apoyado públicamente el llamamiento a la indemnización, entre ellas:
Además, el llamamiento ha sido apoyado por la Federación Noruega de Fútbol, mientras que el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Trabajadores en Qatar de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la organización que agrupa a 55 asociaciones nacionales de fútbol, ha presionado a la FIFA para que se comprometa con un programa de reparación.
El 14 de octubre, el Grupo de Trabajo de la UEFA declaró que solicitaba a la FIFA que respondiera y se comprometiera a resolver las cuestiones pendientes relativas a los trabajadores migrantes antes de finales de octubre. El llamamiento se produce después de que en su informe de junio, tras un viaje a Qatar, se afirmara que el tema de las indemnizaciones se discutió ampliamente y el Grupo de Trabajo “acordó el principio de que cualquier lesión o muerte en cualquier lugar de trabajo en cualquier país debe ser compensada”.
De las 32 selecciones clasificadas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y/o FairSquare han mantenido reuniones informativas en persona o en línea con las federaciones, entre las que se encuentran la DFB, la KNVB, la AF inglesa, la AF belga, la AF alemana, la AF suiza, la AF francesa, U. S. Soccer, la Dansk Boldspil-Union (la Unión Danesa de Fútbol, DBU), así como con el Grupo de Trabajo de la UEFA.
Tres asociaciones, la Federación Japonesa, la Asociación de Fútbol de Gales y Football Australia, respondieron por escrito sin aportar información sustancial y no respondieron a la recomendación de abogar ante la FIFA para remediar los daños causados a los trabajadores migrantes. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Gales emitió posteriormente un comunicado en el que afirmaba que, con el Grupo de Trabajo de la UEFA, “acordaron el principio de que cualquier lesión o muerte debería ser compensada”.
En la conferencia sobre derechos humanos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), celebrada el 19 de septiembre, el presidente Bernd Neuendorf expresó su “apoyo incondicional” al fondo de compensación. La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) también ha apoyado el llamamiento a la indemnización, afirmando que las víctimas o los familiares deben ser compensados. El seleccionador holandés, Louis Van Gaal, apoyó firmemente la petición de reparación. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) afirmó que sigue impulsando el “principio de compensación” para las familias de los trabajadores migrantes que han perdido la vida o han resultado heridos en proyectos de construcción.
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) declaró que está trabajando con una docena de otras federaciones en la creación de “un fondo de compensación para todas aquellas personas que han sido víctimas de accidentes laborales durante la construcción de la Copa del Mundo”. En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, el entrenador de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también apoyó el fondo de compensación. Entre los que aún no han respondido públicamente se encuentran las asociaciones de fútbol anfitrionas de 2026, México y Canadá.
Una reciente encuesta de opinión global encargada por Amnistía Internacional muestra que el 67 por ciento de los 17.477 encuestados en 15 países también comparten la opinión de que sus federaciones nacionales deben pronunciarse públicamente sobre los problemas de derechos humanos asociados a la Copa del Mundo de Qatar, incluyendo la petición de que indemnicen a los trabajadores migrantes. Cuatro patrocinadores, AB InBev/Budweiser, Coca-Cola, Adidas y McDonald’s, han manifestado su apoyo a la petición de reparación. Recientemente, 15 congresistas estadounidenses y más de 120 parlamentarios franceses también escribieron a la FIFA apoyando la petición de indemnización.
“El mensaje de los aficionados, las asociaciones de fútbol, los líderes políticos y los patrocinadores es claro: ha llegado el momento de que la FIFA actúe y ponga remedio a los trabajadores migrantes que han hecho posible su emblemático torneo”, declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica de Amnistía Internacional. “La FIFA tiene una elección clara: dedicar una pequeña proporción de los ingresos de la Copa Mundial a marcar una enorme diferencia en la vida de miles de trabajadores o no hacer nada y aceptar que el torneo quede permanentemente manchado por los abusos contra los derechos humanos”.
También está creciendo el impulso de destacados futbolistas, entrenadores y comentaristas deportivos que apoyan el llamamiento #PayUpFIFA, entre ellos Tim Sparv, ex capitán de la selección finlandesa de fútbol, y Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, que desde hace tiempo lidera la necesidad de abordar los abusos contra los derechos humanos vinculados a esta Copa del Mundo.
Durante una rueda de prensa conjunta de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Fairsquare, el ex capitán de la selección masculina de fútbol de Australia, Craig Foster, anunció que donaría su salario como locutor del torneo mundial a las familias de los trabajadores fallecidos, entre otros. Este tipo de iniciativas deberían animar a la industria del fútbol mundial, en particular a las federaciones, a ir más allá de las declaraciones conservadoras. Otros futbolistas destacados que apoyan el llamamiento son los ex jugadores estrella Gary Lineker y Alan Shearer.
Como asociaciones miembros de la FIFA, se espera que las federaciones sigan la propia Política de Derechos Humanos de la FIFA. Además, como organismos que, a través de sus relaciones comerciales con la FIFA, se benefician económicamente de los ingresos generados por la Copa del Mundo, las federaciones también tienen la responsabilidad, en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de utilizar su influencia para prevenir y mitigar los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos, que causan, contribuyen o están vinculados, incluso en Qatar.
Desde 2018, las autoridades de Qatar han puesto en marcha algunas medidas prometedoras para proteger a los trabajadores del robo de salarios y mejorar el acceso a la justicia, al tiempo que han introducido reformas en el sistema de kafala (patrocinio). Sin embargo, sigue habiendo importantes lagunas. Los beneficios de estos programas han sido limitados debido a su introducción tardía y a su estrecho alcance, ya que no cubren a todos los trabajadores, especialmente en el caso de las iniciativas dirigidas por el Comité Supremo para la Organización y el Legado, que ofrecen una mejor protección a un número limitado de trabajadores, o abordan los abusos cometidos en los años anteriores a la creación de los sistemas. Lo más importante es que siguen existiendo importantes lagunas de aplicación y cumplimiento. Por ejemplo, los trabajadores que ya han abandonado Qatar no pueden acceder a los comités laborales o a un fondo establecido para pagarles cuando sus empleadores no lo hacen.
Incluso las AF que se han pronunciado deberían ir más allá de las palabras cautelosas y los actos de simbolismo para utilizar su plataforma para impulsar acciones concretas que beneficien tangiblemente a los trabajadores migrantes y sus familias.
“La compensación puede tener consecuencias de largo alcance para las familias que utilizarían la indemnización para pagar préstamos, para la educación de sus hijos o para comprar alimentos. Cuando las federaciones prestan su voz, están ayudando a garantizar que miles de familias que han perdido a su único sostén paguen los préstamos pendientes o las facturas impagadas”, señaló Nick McGeehan, de FairSquare.
Actualidad Laboral / Con información de Amnistía Internacional
