Se acabó la Ley de Protección al Empleo (LPE), al menos en lo referente a las suspensiones de contrato; una de las medidas más relevantes tomadas en Chile, para hacer frente a la pandemia. La ley, que rige desde abril de 2020, y que finalizó el pasado 6 de octubre para esos efectos; permitió que empresas y trabajadores solicitaran la suspensión temporal de los contratos laborales. Posibilitando a los empleados hacer uso del Seguro de Desempleo -al cual se le inyectaron más recursos-, sin perder el vínculo con la empresa; con la idea de que una vez que lo peor de la emergencia sanitaria pasara, volver a sus laborales.
En estos 18 meses, trabajadores de todos los rubros y en empresas de distinto tamaño hicieron uso de la medida. Alcanzando, según datos de la Superintendencia de Pensiones 964.568 personas que se acogieron a este beneficio: 541.228 fueron por acto de la autoridad, 447.199 por pacto empleador- trabajador, 21.850 trabajadoras de casa particular y 53.780 por padres y madres.
Los datos muestran que, la mayor cantidad de solicitudes vigentes a la vez, se registró en los primeros meses de la pandemia, desde fines de marzo hasta septiembre. Para luego comenzar a caer drásticamente hasta febrero del presente ejercicio; y cuando volvieron las cuarentenas en marzo, volver a subir, pero en forma mucho menos empinada que durante 2020. Y, a partir de julio ya se registró un nuevo descenso hasta el mínimo de fines de septiembre.
La distribución de solicitudes aprobadas “suspensión de contrato”, se concentraron en hombres con un 57,6%, que viven en la Región Metropolitana con un 66,1% y con contrato indefinido 85,2%. Por tamaño de empresa, el 30,4% se concentra en compañías con 200 trabajadores o más, seguido por empresas mipymes entre 1 y 9 trabajadores con 28,6%.
Otro dato que se desprende, es que el monto promedio por Fondo Común Solidario (FCS) llegó a un peak promedio de $459.517 en marzo de 2021. Mientras que la cuenta individual se dio en septiembre de 2021 con $311.424.
A pesar del fuerte uso que se le dio a las cuentas individuales de cesantía, el saldo final de octubre alcanzó a $6.041.617 millones; lo que equivale a una caída de solo 5,1%, en relación al saldo que existía en el sistema en abril de 2020. Esto, debido a que durante ese tiempo siguió sumando las cotizaciones de los trabajadores que continuaron con empleo.
Lo que sí cayó con fuerza fueron los dineros del FCS, que pasó de un saldo total de $3.292.117 millones en abril del año pasado, a $1.738.472 millones en octubre de 2021; lo que corresponde a una baja de 47,2%
En términos absolutos, se realizaron retiros de la cuenta individual por $1.234.778 millones, mientras que del FCSlos giros totalizaron $1.064.331 millones.
Para los expertos, la ley fue una buena medida para evitar el desempleo que tuvo lugar en los peores meses de la pandemia. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que el análisis es positivo en el sentido “de que la ley logró su objetivo primordial. Pues el mecanismo buscaba que se pudiesen mantener los vínculos labores, y la mayoría de quienes se acogieron, lograron retornar a sus puestos”.
Mientras que el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, acotó que “esta ley fue el principal amortiguador para la peor recesión de las ultimas décadas; evitando que cientos de miles de trabajadores hubiesen sido finiquitados. Esas personas mantuvieron su relación laboral, transitoriamente suspendida, en donde el empleador siguió pagando la seguridad social y los trabajadores accedieron a sus fondos ahorrados en el seguro de cesantía. Esta herramienta no la tuvimos en las recesiones anteriores y está siendo observada con atención por otros países para ser implementada”.
Actualidad Laboral / Con información de La Tercera
