El mes pasado, las autoridades estadounidenses detuvieron en la frontera a 7.484 venezolanos, la cifra más alta en los 14 años desde que se lleva la cuenta. Es un fenómeno que ha tomado por sorpresa al gobierno en Washington: refugiados de la pandemia.
Muchos de los casi 17.306 venezolanos que han cruzado la frontera ilegalmente desde enero llevaban años en otros países sudamericanos a donde huyeron luego que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder en 2013.
Si bien algunos se fueron por motivos políticos, la gran mayoría están tratando de escapar la crisis económica caracterizada por apagones y escasez de alimentos y medicinas.
Ante el estallido de la pandemia en Sudamérica, volvieron a emigrar, reuniéndose en la travesía hacia el norte con ciudadanos de los países a los que inicialmente se trasladaron —como Ecuador y Brasil— así como de países lejanos afectados por el virus como India y Uzbekistán.
Comparado con otros migrantes, los venezolanos tienen ciertos privilegios, reflejo de su mejor estado financiero, mejor nivel educativo y políticas estadounidenses que no han logrado quitar a Nicolás Maduro del poder pero que protegen a los venezolanos de la deportación.
La gran mayoría cruzan cerca de Del Río, un poblado de 35.000 habitantes, y no tratan de esconderse sino que se entregan a las autoridades para pedir asilo.
Como muchos venezolanos con los que habló The Associated Press en días recientes en Del Río, Lis Briceño ya había emigrado una vez antes.
La joven de 27 años se graduó como ingeniero petrolero, pero no encontró trabajo en los campos petroleros cerca de su ciudad, Maracaibo, sin declarar su lealtad al régimen socialista. Entonces se mudó a Chile hace unos años y consiguió trabajo en una compañía tecnológica.
Pero cuando las protestas y la pandemia deprimieron a la economía en Chile, la compañía cerró. Briceño vendió todo lo que pudo para recaudar los 4.000 dólares necesarios para emigrar hacia Estados Unidos.
“Mi plan era graduarme y ejercer allá, hacer mi vida allá. Yo pensaba en algún punto de venir para acá de vacaciones, a conocer, a ver las cosas que uno veía en las películas, ¿pero esto? Nunca”, expresó Briceño.
Mientras para centroamericanos y otros el viaje puede durar meses, la mayoría de los venezolanos llegan en apenas cuatro días.
“Este es un viaje para el cual definitivamente están preparados desde el punto de vista financiero”, expresó Tiffany Burrow, administradora del albergue para migrantes Val Verde Border Humanitarian Coalition en Del Rio. Allí los migrantes pueden comer algo, lavarse y comprar boletos para ir a ciudades de Estados Unidos.
Primero viajan en avión a Ciudad de México o Cancún. Traficantes que se hacen pasar por “agencias de viajes” en Facebook prometen un viaje sin inconveniente a Estados Unidos por unos 3.000 dólares.
El precio incluye la partida acompañada desde Ciudad Acuña, desde donde la mayoría de los venezolanos cruzan el río Bravo y que no ha sido tan afectada por la violencia que aqueja a otras zonas fronterizas.
“Si eres contrabandista interesado en mover un producto —porque así es como ellos ven el dinero, las armas, la gente, las drogas, como un producto— entonces vas a querer moverlo por la zona más conveniente y al precio máximo”, indicó Austin L. Skero II, director de la Patrulla Fronteriza en el sector Del Río.
Una vez en territorio estadounidense, por lo general les va mejor a los venezolanos que a otras nacionalidades. El gobierno de Joe Biden recientemente otorgó estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a unos 320.000 venezolanos, lo que los protege de la deportación y les permite trabajar en Estados Unidos legalmente.
Además, los venezolanos que solicitan asilo —es decir, casi todos— tienden a prosperar, en parte debido a que el gobierno estadounidense corrobora reportes de represión política. En lo que va de año Estados Unidos ha rechazado solo el 26% de las solicitudes de asilo de venezolanos, comparado con 80% para los países centroamericanos, según un centro dedicado al tema de la Universidad de Syracuse.
“Casi que puedo redactar las solicitudes de asilo de los venezolanos de memoria”, afirmó Jodi Goodwin, abogada de inmigración en Harlingen, Texas, que ha representado a más de 100 venezolanos.
“Son gente más educada que puede presentar sus argumentos y narrar su historia de manera ordenada, cronológica, como están acostumbrados los jueces”, añadió.
Incluso los venezolanos amenazados por la deportación tienen esperanzas, pues el gobierno estadounidense anterior de Donald Trump rompió relaciones con Maduro en 2019, por lo que los viajes aéreos están suspendidos, lo que hace imposible las deportaciones.
Actualidad Laboral / Con información de AP
