Este jueves el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) admitió la queja presentada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Únete y CGT contra el Gobierno venezolano, sobre el irrespeto al convenio 111 de la OIT con los despidos de empleados públicos que apoyaron el referéndum revocatorio.

A juicio del secretario general de la CTV (E), José Elías Torres, “es un hecho que pone en zozobra al Gobierno” ante la evaluación que hará ese organismo internacional en marzo del 2.017, en la próxima reunión del Consejo de Administración. Sin embargo, advirtió que con la admisión “vuelve a ser raspado a nivel internacional en política salarial y en política económica”.

Como se recordará esta instancia, admitió el año pasado, una queja presentada por los empleadores venezolanos representados en Fedecámaras. “Es primera vez en la historia de la OIT, en sus casi 100 años de fundación, que un mismo país tenga una queja por artículo 26 de los trabajadores y los empleadores”, señaló Torres.

El vocero de la CTV expresó su seguridad de que el Gobierno de Nicolás Maduro será sancionado por la persecución a trabajadores, la forma inconsulta como se fija el salario mínimo, la discriminación laboral por razones políticas y la violación a la libertad sindical. Aseguró además que en la próxima cita, presentarán nuevas denuncias sobre las presiones y despidos a trabajadores que firmaron para activar el Referendo Revocatorio Presidencial.

Por su parte, Roger Palacios, representante de la UASG informó que el gobierno deberá comparecer una vez más ante la OIT por violaciones graves a la libertad sindical, la discriminación por motivos políticos y la no protección del salario de los trabajadores.

Destacó que las autoridades venezolanas han demostrado poco interés para poner en práctica los compromisos adquiridos en materia laboral al suscribir los convenios de la OIT.

Palacios asistió a la 328 Reunión del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, Suiza, celebrada desde el 27 de octubre hasta ayer. “Ha sido admitida por la mesa del Consejo, la Queja Artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el gobierno de Venezuela por las reiteradas y flagrantes violaciones a la libertad sindical, la discriminación por motivos políticos y la desnaturalización que está sufriendo el salario de los trabajadores de Venezuela, producto de su bonificación por decreto presidencial”, señaló Palacios.

La queja fue presentada en junio pasado durante la 105 Conferencia de la OIT con el apoyo de los delegados trabajadores de Brasil, Panamá, México, Colombia, Republica Dominicana y Paraguay, entre otros, y el respaldo de la Nobel, Central de Trabajadores de las Américas de Alternativa Democrática.

Palacios expresó que por primera vez en la historia de la OIT, el gobierno de un país es examinado por dos quejas (artículo 26 de la Constitución de la OIT) de los empleadores y los trabajadores. “Ambos reclamos demuestran la gravedad de la situación laboral en Venezuela”.

El fondo de la queja será analizado en la próxima reunión del Consejo de Administración en marzo de 2017. En su informe, la instancia de la OIT llama al gobierno de Nicolás Maduro a presentar sus observaciones, a más tardar, el 10 de enero próximo.