La más reciente noticia de impacto para las empresas (a pesar de los “nuevos” anuncios cambiarios cuyos detalles no entendemos aún) es la ocupación e incorporación a la red pública de abastos de una pequeña cadena privada de supermercados. No estamos seguros si esta decisión realmente obedece a ilegalidades en los sistemas de distribución y logística de almacén de esta cadena. Entendemos que habría detectado irregularidades en el único centro de distribución de esta empresa, de las cuales solo nos queda el registro fotográfico publicado en twitter, que para mí no implicaban presunción de algún ilícito y de inmediato explico.

Si alguna vez usted ha visto un depósito o centro de distribución de alguna empresa o cadena de tiendas, la idea fundamental de este centro es almacenar productos suficientes para garantizar los inventarios que requieren las tiendas para poder operar. Esto, supone, que se almacene producto y que sea movilizado de acuerdo a todo el entramado burocrático (permisos, autorizaciones, tasas, impuestos, etc.) que impone el estado venezolano a los operadores logísticos de la cadena de distribución de alimentos. Estos operadores están suficientemente fiscalizados desde hace algunos años, de modo que virtualmente el Estado debe autorizar la movilización de ciertos productos, los cuales además pasan por diversos puntos de fiscalización mientras son movilizados.

Ahora, imagine ese gran almacén donde hay rotación de productos constantemente conforme a la demanda de alimentos que pueda tener cualquier tienda que distribuya o procese estos rubros. Quisiera ahora que cierre los ojos y se imagine este gran almacén sin productos almacenados. Capaz, en alguna lógica, tendría sentido que no existan almacenes y que sean los productores quienes despachen directamente a las cadenas de supermercados. En todo caso, si la distribución la realiza directamente el productor del alimento, imagine por favor el precio del alimento una vez que llega a sus manos.

Una vez explicado esto, le quiero afirmar que la noticia más importante es la intervención de esta cadena, no por lo que significa sino por lo que representa. Comentaba la semana pasada la detención “amistosa” de altos directivos de una cadena de tiendas. Ahora, en tono más grave, se trata de la detención de un sujeto egresado de una de las escuelas de negocios más prestigiosa del mundo, cuya tesis se basó en un modelo de negocio para los excluidos y que tuvo la valentía de aplicar sus tesis de negocios en Venezuela, en pleno auge del modelo socialista.

Después de estudiar las compras en abastos de Latinoamérica y establecer que Venezuela es uno de los países que más incurre en este tipo de compras diariamente, este emprendedor decidió crear una red denominada “practimercados” en las zonas más populares del país. El modelo iba destinado a abastecer a sectores que prefieren o sólo pueden realizar compras más modestas en abastos pequeños y en sectores tradicionalmente remotos de los supermercados tradicionales.

El problema que estaba tratando de resolver este emprendedor consistía en abaratar los costos de los alimentos para estos sectores populares en al menos un 30%, eliminando las diversas capas de intermediarios que rodeaban la cadena de distribución de alimentos en los minoristas donde los pobres adquirían diariamente sus productos. De este modo, en lugar de comprar en un pequeño abasto que debido a la informalidad de sus proveedores encarecía el precio de un determinado producto, este emprendedor proponía que los pobres compraran en estos practimercados que llevaban el precio tan competitivo de un supermercado a una zona remota, dando practicidad al poder abastecer a este sector a un precio justo.

En pocas palabras, el problema al cual iba dirigido este modelo de negocios era justamente mejorar la calidad de vida de los pobres, quienes injustamente tenían que pagar el precio de la ineficiencia en la cadena de distribución. Llama entonces poderosamente la atención que sea justamente a este modelo de negocio al que se interviene considerándolo ilegal en su sistema de distribución y justamente este emprendimiento esencialmente social se basa en la eficiencia en la cadena de distribución.

Hoy por hoy, los directores de este negocio se preguntan si los expropiaron, los intervinieron o cuál fue realmente la figura que se aplicó en este caso desde el punto de vista de legalidad y afectación a la propiedad. Yo consideró que no hubo expropiación, ni intervención, hubo pdvalización. Si alguna vez usted llegó a comprar en pdval (yo lo hice un par de veces, hace 8 años), sabrá que esta iniciativa comenzó con buen pie pero luego se convirtió en lo que hoy es la muestra de un modelo que dista de ser eficiente.

Insisto, el tema acá no es lo que significa esta acción sino lo que representa. El emprendimiento social y sustentable está siendo atacado y siendo así, ¿cómo podremos salir adelante si cada vez da más miedo hacer país? Esta acción representa una pauta que está comenzado a ser seguida por muchas pequeñas tiendas y que tiene unas implicaciones laborales y de calidad de vida que abordaré la semana que viene.

Mientras tanto y por si acaso, imagine un depósito sin productos, un almacén sin nada y pregúntese si esto no es escasez.

Ángel Mendoza / Abogado

@angelmendozaqui