El expresidente que puso a Brasil en primera línea del panorama mundial fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero, una decisión histórica que subraya que nadie está fuera de alcance en la gran investigación sobre sobornos en el país latinoamericano.

La condena el miércoles al expresidente Luiz Inácio da Silva fue la victoria más importante hasta la fecha en el caso, que ya ha supuesto cargos contra docenas de personas de la elite política y empresarial y recuperado más de 3.000 millones de dólares en ingresos ilícitos.

Aunque el juez Sergio Moro defendió la decisión afirmando que se basaba únicamente en la ley, Lula tachó el juicio de caza de brujas y se esperaba que arengase a sus seguidores en su defensa en una conferencia de prensa que convocó para el jueves.

El primer presidente de Brasil de clase trabajadora, condenado a casi 10 años de prisión, permanecerá en libertad mientras se dirime su apelación, pero ahora es el primer expresidente condenado en un proceso penal al menos desde la restauración de la democracia en la década de 1980.

Mientras tanto, el actual presidente, Michel Temer, afronta sus propias acusaciones de corrupción.

“Es muy inusual tener a un expresidente condenado por corrupción y al mismo tiempo a un presidente en el cargo también bajo investigación”, dijo Sérgio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio Vargas en Río de Janeiro. “Hoy es un momento enorme para la historia brasileña, para bien o para mal”.

Los brasileños han pasado por tres años accidentados conforme la creciente operación “Lavajato” revelaba un nivel de corrupción que ha conmocionado hasta a los más cínicos. Al mismo tiempo, Dilma Rousseff fue impugnada y destituida por gestionar de forma ilegal el presupuesto federal. Y ahora su sucesor, Temer, se ve asediado mientras la cámara baja del Congreso decide si se le suspende y somete a juicio.

La pesquisa se centró en un principio en miembros del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula, pero desde entonces ha derivado en cargos por mala conducta contra políticos de todas las corrientes. Eso ha avivado el descontento contra los privilegiados mientras Brasil lucha con su peor crisis económica en décadas.

Los brasileños toman las calles con frecuencia, ya sea para apoyar a políticos que creen están siendo atacados de forma injusta o para respaldar a los fiscales y jueces que los investigan.

Nadie ha reunido multitudes mejor que Lula.

“Intentará movilizar a su multitud, a su grupo, pero no creo que se haya dado cuenta de que los tiempos han cambiado, de que la batalla no se libra en las calles”, dijo Praça. “La gente está simplemente cansada de todo”.

Unos pocos centenares de seguidores protestaron el miércoles contra su condena en Sao Paulo, y un grupo algo más pequeño también salió para celebrar la decisión de Moro.

El carismático líder dejó la presidencia al final de 2010 con una popularidad por las nubes, tras aprovechar un boom económico para financiar programas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza y aumentaron el peso internacional del país más grande de América Latina.

En muchos barrios, Lula sigue siendo venerado tanto por sus políticas económicas como por su papel en la lucha por la democracia durante la dictadura en el país. El líder de 71 años estaba considerado como uno de los favoritos para las elecciones presidenciales del año que viene.

El equipo de defensa de Lula emitió un duro comunicado después del fallo, en el que dijo que los cargos son un ataque a la democracia y prometió probar que el expresidente es inocente.

“El presidente Lula ha sido víctima (...) del uso de la ley para fines políticos, el famoso método que se usó con efectos brutales en varias dictaduras en la historia”, dijeron los abogados.

Lula está acusado de recibir un apartamento en primera línea de playa y reparaciones en la propiedad como sobornos de la constructora OAS. Silva nunca fue propietario de la vivienda, pero la fiscalía afirmó que era para él. La fiscalía también alegó que OAS pagó para almacenar las pertenencias del expresidente, pero Moro rechazó esa parte del caso.

Lula también afronta cargos en otros cuatro casos. Él niega haber hecho algo incorrecto.

Moro dijo que no había ordenado la detención inmediata de Lula porque la condena de un expresidente es un asunto de tal seriedad que creía que debía instruirse primero la apelación.

El caso pasará ahora a un grupo de magistrados. Si respaldan la condena, Silva quedaría inhabilitado para optar a un cargo público. Además de condenarle a nueve años y medio de prisión, Moro concluyó que el político debería ser inhabilitado de cargo público durante 19 años.

La fiscalía que gestionó el caso dijo que apelaría la sentencia para pedir que se aumentara.

Actualidad Laboral / Con información de AP