Durante tres años, los brasileños se han acostumbrado ver las imágenes de importantes políticos o líderes empresariales siendo arrestados por la policía, resultado de una investigación cada vez más amplia sobre la venta de favores por parte de la élite política que ha alcanzado también al presidente.
Lo que comenzó como una investigación de lavado de dinero se ha convertido en un mega escándalo que ha evidenciado principalmente que empresas constructoras cobraron de más los contratos con la compañía petrolera estatal. El caso ha visto a decenas de políticos y ejecutivos de negocios encarcelados y se han descubierto en una variedad de grandes proyectos de infraestructura, incluso en contratos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Muchos brasileños esperaban que la “Operación Lavajato" pusiera fin a la extensa cultura de corrupción del país. Pero cada vez más se cuestionan si la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil está realmente haciendo mella.
“Hay una verdadera tensión entre las fuerzas de la impunidad en Brasil y las fuerzas que están tratando de deshacerse de esa impunidad”, dijo Matthew Taylor, profesor de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana y miembro del Consejo de Educación Relaciones Exteriores. “Brasil ha pasado por un impulso de rendición de cuentas, pero es difícil saber si ese giro se convertirá en un gran cambio en la rendición de cuentas o si simplemente se perderá”.
Hay indicios de que las fuerzas que combaten la impunidad no se rendirán sin luchar.
El mismo día de marzo en que ejecutivos de la constructora testificaban ante un tribunal federal acerca de un extenso plan para comprar favores a los políticos brasileños, el presidente Michel Temer realizó un encuentro extraoficial en su casa para poner en marcha su propio plan para proveer favores políticos por 11,6 millones de dólares en sobornos, según una acusación presentada por el fiscal general.
Temer niega haber arreglado con Joesley Batista, entonces presidente de la gran empacadora de carne JBS, recibir pagos mensuales a cambio de ayudar a la compañía obtener decisiones gubernamentales favorables. Supuestamente, los dos también discutieron pagar por el silencio de un exlegislador encarcelado que Temer aparentemente teme podría implicarlo.
En otra señal preocupante, miembros del Congreso intentaron a finales del año pasado aprobar medidas que harían más difícil investigar los casos de corrupción, incluyendo propuestas para otorgarse amnistía e introducir sanciones para los fiscales y jueces que se extralimiten. La semana pasada la policía federal cerró el grupo de trabajo asignado a la “Operación Lavajato”, diciendo que los funcionarios formarán parte de una división ya existente que investiga la corrupción.
“Los brasileños están cansados de no ver un cambio”, dijo Paulo Alentajano, un profesor de geografía que participó en una reciente manifestación contra Temer. “Protestamos y, sin embargo, para estos políticos es como siempre. Brasil tiene un largo camino por recorrer”.
Uno de los problemas de esas investigaciones es el sistema judicial de dos niveles: una vía para los mandos políticos y otra para todos los demás.
Tribunales regulares ya encarcelaron al ex gobernador del estado de Río de Janeiro, al ex presidente de la constructora Odebrecht y al ex líder de la Cámara de Diputados, que alguna vez fue considerado el político más poderoso de Brasil.
Sin embargo, los políticos importantes en funciones pueden ser juzgados sólo por el Tribunal Supremo Federal, el más alto del país, y tiene un atraso de 46.604 casos. Eso significa que los casos pueden arrastrarse durante años, si no décadas. En abril, el tribunal emitió su fallo por el ganador de un título de la liga de fútbol de 1987. Los políticos de más edad que se mantengan todavía en un cargo simplemente podrían morir antes de que los alcance la justicia.
Alejandro Salas, director para el continente del grupo de vigilancia Transparencia Internacional, dijo que los países necesitan trabajar más duro para prevenir la corrupción en primer lugar.
“Las grandes investigaciones son muy importantes, pero no son suficientes”, dijo Salas. “Lavajato es un mecanismo que sólo funciona una vez que la gente ha robado dinero. Para empezar, sería mejor evitar que robaran el dinero”.
El juez Sergio Moro, que supervisa muchos de los casos de Auto Lavado, dijo que se inspira en la investigación italiana “Manos Limpias” de los años de 1990, a la que muchos acreditan haber mejorado el panorama político de Italia. Sin embargo, investigaciones recientes de soborno en los principales proyectos de obras públicas italianas parecen indicar que la corrupción sigue siendo endémica.
Sin embargo, muchos ven grandes avances, señalando el hecho de que incluso el presidente de Brasil enfrenta una acusación de corrupción, además de que posibles cargos por obstrucción de la justicia y conspiración criminal que se ciernen sobre él.
“Lavajato está teniendo un efecto”, dijo Sergio Praca, politólogo de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro. “La acusación (de Temer) es una medida de eso, si descubriéramos que Temer es corrupto y nadie hacía nada al respecto, eso sería un problema”.
Las reglas del juego están cambiando, incluso si los políticos no lo han reconocido, dijo Marcus Andre Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal de Pernambuco y experto en el instituto de investigación Millenium.
“Algunos políticos están... jugando según reglas que ya no tienen”, agregó Melo. “En el proceso de transición los tiburones grandes serán capturados”.
Una gran prueba vendrá durante las elecciones nacionales del próximo año. Los observadores estarán atentos a la evidencia de una reducción en el financiamiento ilícito a las campañas y si los brasileños castigan a los políticos que enfrentan cargos de corrupción. En el pasado, los votantes no siempre lo han hecho. El presidente Fernando Collor de Mello fue acusado de corrupción en la década de 1990 por la Cámara Baja del Congreso y renunció antes de que el Senado votara para destituirlo. Hoy en día, es senador y de nuevo bajo investigación por soborno.
“Esperar que Brasil sea una especie de paraíso, sería totalmente extravagante”, dijo Melo. “Pero Brasil ya es un país mejor a pesar de todo, en el sentido de que se está haciendo justicia”.
Actualidad Laboral / Con información de AP