El asesinato de 17 trabajadores de las minas de oro, en el estado Bolívar, el pasado 4 de marzo, y el manejo que dieron las autoridades venezolanas, negando lo ocurrido, fue presentado ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza. Esta fue una de las denuncias sobre violaciones a los derechos laborales que ratificó la Unidad de Acción Sindical y Gremial (Uasg), este martes 22 de marzo.

La coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero, anunció que el “movimiento sindical autónomo e independiente”, introducirá la solicitud de una Comisión de Encuesta (artículo 26) en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo que se realizará en junio de este año. Y agregó que espera se incluya el caso de Venezuela en la lista de países a ser examinado por la Comisión de Normas “y, por primera vez, no por los empresarios, sino por un caso grave de violaciones a los trabajadores”.

En esta reunión se esperaba que se decidiera sobre la solicitud de artículo 26 presentada por Fedecámaras pero, según la información que maneja Máspero, los empresarios, el Gobierno y la oficina de la OIT habrían llegado a acuerdos para posponer la decisión hasta noviembre de 2016. De esta manera la representación del Ejecutivo venezolano tendría un lapso mayor para presentar sus defensa.

Casos denunciados:

- Interrogatorios y amenzadas de los cuerpos de seguridad venezolanos contra dirigentes sindicales que han denunciado crisis en la producción por falta de materia prima, repuestos e insumos. Ejm: presidente de Fetraharina, Juan Crespo, interrogado por el Sebin.

- Casos penales contra trabajadores de Corpoelec que han denunciado la falta de mantenimiento e inversión en la generación y distribución del sistema eléctrico.

- Imposición de laudo arbitral en Empresas Polar, "cercenando el derecho de sientos de trabajadores a la negociación voluntaria de sus convenciones colectivas"

- Persecución, hostigamiento y judicialización contra trabajadores de empresas básicas, ministerios y otras instituciones del Estado, por reclamos y protestas laborales.

- Acoso y despido a dirigentes sindicales de PDVSA, por denunciar falta de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. Caso despido de Iván Freites, de la Futpv.



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