Perú, el país del mundo con más muertos per cápita a causa del COVID-19, vio este miércoles 26 de agosto cómo su personal sanitario se declaró en huelga para exigir reformas al devastado sistema de salud; un mayor presupuesto y mejorar las condiciones laborales y de bioseguridad con las que hacen frente a la pandemia. Con mascarillas, indumentaria médica y carteles en mano, decenas de médicos, enfermeros y técnicos sanitarios se ubicaron, con distanciamiento social, en el frontis del Instituto Nacional de Salud (INS) para exigir a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, la quinta persona en el cargo en los poco más de dos años que lleva Martín Vizcarra en el poder, que atendiera sus demandas, entre ellas, un aumento en su presupuesto.
"Tenemos un presupuesto (para 2021) de S/ 20,000 millones (unos US$ 5,714 millones de dólares), que es menos de S/ 700 (US$ 200 dólares) por peruano al año. Es insuficiente para mantener una atención adecuada. (Por eso) se pide que se aumente", señaló el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera.
Precario sistema ante el COVID-19
Perú -con una población de cerca de 33 millones de habitantes y que a la fecha suma más de 600,000 contagios confirmados y 25,000 muertes oficiales a causa de la pandemia-; fue uno de los países que estaba peor preparado de la región en materia de salud, cuando se confirmó el primer caso en su territorio. "Cuando empezó, teníamos 100 ventiladores (mecánicos). Una vergüenza. Cuando nuestro vecino del sur (Chile), tenía 8,000 y Ecuador tenía 3,700", recordó Talavera. Para quien estas cifras demuestran los problemas estructurales, con los que el personal sanitario del país ha tenido que hacerle frente a la enfermedad.
Si bien el Gobierno, en cuatro meses, logró elevar a contrarreloj el número de ventiladores mecánicos a cerca de 2,000; para Talavera ello no significa que el sistema de salud haya compensado, la escasa inversión que arrastra por más de tres décadas. "En pandemia, actualmente, hemos pasado de S/ 18,500 millones a S/ 23,000 millones (de US$ 5,285 millones de dólares a US$ 6,571 millones) de presupuesto.
Pero para el otro año será de S/ 20,000 millones (unos US$ 5,714 millones de dólares). O sea, se reduce en vez de aumentar", criticó Talavera; quien señaló que la falta de personal de salud ha sido una constante y que a la fecha, hacen falta 16,000 médicos especialistas y 8,000 médicos generales. "Por la pandemia, además, se necesitan más médicos intensivistas, neumólogos, cardiólogos, infectólogos. Hemos pedido eso hace muchos años. Nuestras provincias carecen de especialistas. Tenemos a Tacna, con más de medio millón de habitantes, y solo tiene un médico intensivista y un emergenciólogo. Entonces la atención no es la más adecuada", acotó el galeno.
Inversión por debajo de la región
El país andino que, aspira formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], tiene alrededor de 12.8 médicos por cada 10,000 habitantes; muy abajo de los países de dicho grupo, que tiene una media de 33. Asimismo, hasta antes de la pandemia, tenía un presupuesto público para el sector salud de 2.2% del PBI -producto interno bruto-, mientras que países como Chile y Brasil casi duplican la cifra (5.2% y 4%, respectivamente). "Pedimos que al menos se llegue a duplicar el monto asignado. El Gobierno se comprometió a elevar el porcentaje de PBI, pero no lo está cumpliendo", acotó Talavera.
Falta de oxígeno y EPP
La falta de ventiladores mecánicos no ha sido la única limitación del sistema sanitario peruano para enfrentar el COVID-19. A fines de marzo, ya con la pandemia en una fase comunitaria en el país, los médicos y enfermeras denunciaron la falta de Equipos de Protección Personal (EPP) en sus hospitales. Una escasez que hasta la fecha, según Talavera, no se da por superada.
"Exigimos ventiladores, oxígeno para atender. Pero también mascarillas N95, y no las KN95 que no están certificadas para el uso de personal de salud, de primera línea. También EPP para todos. Nosotros hemos tenido que ir comprando nuestras propias mascarillas, porque se pretende que estas sean usadas por dos a más días", señaló el galeno.
Desde fines de mayo, y debido al rápido ascenso en la cifra de contagios, el oxígeno medicinal también escaseó. Sobre todo en las regiones de más difícil acceso, como algunas de la Amazonía. Y si bien la ministra Mazzetti, aseguró que en el país existe el stock suficiente para la atención de COVID-19, también reconoció el jueves pasado que este no necesariamente se encuentra donde más se requiere.
Apoyo del Congreso
El Congreso de Perú atendió este lunes parte de sus pedidos y aprobó una norma que recoge algunos de sus reclamos, como una ley de ascenso automático y de nombramiento de personal contratado a plazo determinado; pese a que en junio, fue observada por el Ejecutivo por considerar que iba en contra del principio de meritocracia. La ley también permite el cambio de Grupos Ocupacionales y Cambio de Línea de Carrera. "Los grupos ocupacionales se estructuran por profesionales, técnicos y auxiliares. Con esta medida el personal de la salud podrá, previa evaluación, postular de auxiliar a técnico y/o de técnico a profesional", detalla el documento.
Voces encontradas
Talavera espera que ahora, con el texto sustitutorio aprobado en el Congreso, el Gobierno pase a aplicarlo y no pida una revisión constitucional. "El presidente nos llama héroes, nos llama con muchos adjetivos positivos. Sin embargo, cuando estuvo en sus manos poder nombrar a trabajadores de 13 años de espera, con 7 años de contrato administrativo de servicios (CAS), darles estabilidad laboral, lo negó", criticó el médico.
Para el decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacios, "el contenido de esta plataforma es completamente justa. Debido a que el empleo médico está precario y trae como consecuencia, una serie de injusticias para los médicos".
No obstante, voces críticas a la medida del Congreso han señalado que de ponerse en práctica el texto sustitutorio, este significaría un aumento del gasto en personal de salud de S/ 2,400 millones (unos US$ 685 millones de dólares); dinero que reduciría la asignación a la atención en salud de los ciudadanos.
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