Tras meses de negociaciones, los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) han cerrado un acuerdo sobre el proyecto de directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas como Uber o Amazon. Lo que han acordado los titulares de Trabajo es la posición, que los estados miembro, defenderán durante las negociaciones legislativas con la Eurocámara, informa EFE.
En este proceso los eurodiputados son colegisladores dentro del club comunitario junto a los gobiernos nacionales. De estas conversaciones saldrá un texto definitivo. Sin embargo, lo hará con la llamativa abstención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz.
Díaz ha considerado el acuerdo insuficiente y ha añadido que el proyecto de directiva que sale del consejo de ministros europeo del ramo está "fuera del sentido común" y es "difícilmente comprensible en términos democráticos". A la cabeza de la delegación española, la líder de Sumar ya había adelantado su posición antes de inciarse el Consejo de Empleo y Política Social celebrado este lunes en Luxemburgo. Para la ministra no recoge las suficientes garantías para proteger a los trabajadores de estas plataformas ni supone ningún avance en derechos laborales.
Tras no lograrlo el pasado mes de diciembre, ahora se ha alcanzado un acuerdo de mínimos que establece que se deben cumplir tres de los siete requisitos, para considerar a un raider como empleado de una plataforma digital. Entre ellos se incluyen criterios como que se establezcan criterios de aparecencia, restricción de horarios y de trabajo para terceros, así como establecer los límites máximos de remuneración o la supervisión por medios electrónicos.
Al respecto, Yolanda Díaz ha señalado ante sus homólogos europeos que "España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayor grado de ambición posible para proteger a todas aquellas personas que trabajan en empresas digitales". En su opinión, "por sentido común" no se puede asumir que "un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios. No lo son". En su opinión, el borrador acordado "no protege a las personas trabajadoras".
Junto a otros países España ha suscrito una declaración que reclama una directiva "más ambiciosa" para evitar la proliferación de falsos autónomos en Europa, así como de la precariedad laboral.
Actualidad Laboral / Con información de La Información
