Reformar, o hacer una nueva Ley Orgánica del Trabajo, no está previsto en la agenda inmediata de la Asamblea Nacional, que ha optado por legislar sobre temas que permitan sobrellevar la crisis. “La visión de lo que ocurre hoy en materia laboral está muy marcada por la coyuntura y la polarización, esta es una discusión que hay que darla sin prejuicios de los bandos políticos”, advirtió el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral del Parlamento, Miguel Pizarro.

Para ello, espera contar con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a pesar de la negativa expresada por los diputados del oficialismo durante el debate en la sesión. “No estamos pidiendo que venga una corte de la inquisición a castigar a los paganos y a los pecadores del Gobierno”, aclaró el Parlamentario; pero hasta el momento no ha sido aprobada por el organismo, aunque fue bien recibida la solicitud.

Sin embargo, estaría pendiente la respuesta del Ejecutivo de permitir la presencia de los técnicos en Venezuela; algunos funcionarios han expresado su rechazo sobre el tema. “Creo que le corresponde al Ejecutivo abrir un compás, este país hoy va a una crisis a toda velocidad en vía a la negación de uno del otro”, agregó.

La abogada especialista en el tema laboral, socia internacional de la firma Littler Mendelson, Liliana Salazar, la discusión es más compleja que solo el decreto de inamovilidad laboral, sería “retroactividad de las prestaciones, los días que se van a pagar de bono vacacional, de prescripción de acciones”. Lo importante, considera que es que logre aplicar el contenido de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

“Lo que pasa es que hay procedimientos que no se cumplen”, advirtió la experta. “Es muy amplia la autoridad que tienen (los funcionarios) para tomar decisiones; ya ni siquiera es la Ley (…) prácticamente lo que no tienen es control, es demasiada amplitud”.

Inamovilidad laboral

Es un tema recurrente entre quienes se quejan de la legislación laboral vigente y de quienes la apoyan. Desde el sector empresarial han planteado convertirla en “estabilidad laboral”, que obligue mantener el número de puestos de trabajo pero que les permita sustituir a los que no cumplen con sus funciones; en el Ejecutivo defienden el Decreto, como vía para preservar el empleo.

Salazar es clara en advertir que “la Ley establece procedimientos para despedir justificadamente, pero no se cumplen (…), tengo a la gente y no la puedo despedir, hagan lo que hagan, cometen las peores faltas pero no puedo despedir, porque no se aplica la Ley”.

El Diputado Pizarro, por su parte, no cree que sea momento de levantar la medida “en términos absolutos”. Dijo que “tienen razón tanto el patrono que requiere poder liberar plazas de trabajo porque no está en condiciones, como el trabajador que requiere que no le simulen su relación laboral o no se la acaben porque sino no tiene plata para llevar para la casa la comida. La coyuntura contamina demasiado la discusión y esta discusión para que sea exitosa tienes que sacarla de la coyuntura, pensando en el futuro”.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas