Una iniciativa impulsada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas. Miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida trabajan sin permiso legal. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por esta ley migratoria recién aprobada.
A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.
En Florida, un estado de unos 22,2 millones de habitantes, viven 772.000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute. Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería.
Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.
“Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer”, advierte Vilchez. “Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida”.
Según la ONG Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.
El gobernador DeSantis, que parece listo para desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, se ha convertido en una figura de la derecha estadounidense por impulsar una agenda muy conservadora en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración ilegal.
La semana pasada, acusó al gobierno del demócrata Joe Biden de desatender la frontera sur de Estados Unidos y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados, según él, a la llegada de migrantes indocumentados.
Los inmigrantes indocumentados deploran que las autoridades los asimilen a delincuentes y se sienten víctimas de las ambiciones personales de DeSantis.
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